Las construcciones sin permisos de uso de suelo son más frecuentes de lo que se percibe en Yucatán, advirtió la diputada local Sayda Rodríguez Gómez, tras el caso detectado en Valladolid, al tiempo que señaló la falta de un marco legal estatal que proteja a defensores del territorio y medio ambiente.
La legisladora, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, indicó que muchas de estas irregularidades permanecen ocultas y sólo se conocen cuando se hacen públicas, lo que evidencia prácticas tras bambalinas en el desarrollo inmobiliario. “Desafortunadamente, es más común de lo que podemos ver. Muchas veces no nos enteramos hasta que se hace público”, afirmó.
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Recordó que al cierre de la administración estatal anterior se impulsaron reformas a leyes de desarrollo urbano y asentamientos humanos, con el objetivo de evitar construcciones irregulares y posibles fraudes inmobiliarios.
Explicó que estos cambios buscan garantizar que los proyectos cuenten con planeación adecuada, servicios básicos, infraestructura y criterios de sostenibilidad. “Los permisos existen por algo: para prevenir impactos, asegurar servicios y planear el crecimiento”, subrayó la legisladora.
Conflictos de interés
Asimismo, consideró que versiones sobre posibles vínculos entre autoridades municipales y desarrollos inmobiliarios deben revisarse con rigor, al advertir que podrían derivar en conflictos de interés. Señaló que corresponde a otras comisiones del Congreso dar seguimiento y, en su caso, promover auditorías.
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En cuanto a la protección de defensores del territorio, reconoció que Yucatán carece de un marco legal específico que garantice su seguridad, por lo que el tema debe abordarse a nivel federal, al involucrar aspectos de protección física y jurídica.
“Es un tema delicado que requiere acompañamiento en materia de seguridad y certeza jurídica. Debería analizarse a nivel federal, como ocurre con otros mecanismos de protección, por ejemplo, el de periodistas”, indicó.
Rodríguez Gómez enfatizó que el crecimiento inmobiliario en el estado exige avanzar hacia una legislación más sólida que garantice un desarrollo ordenado y la protección de quienes defienden el territorio.
