Yucatán ha sido en los últimos años un estado muy próspero en cuanto al desarrollo inmobiliario, y esa prosperidad ha atraído también flujos de capital de origen incierto, por lo cual, se ha requerido nuevas normas que configuran el marco regulatorio, impidiendo que sea tan fácil la venta y renta de viviendas.
Y es que en la entidad ha entrado en vigor de la Ley del Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios de Yucatán y la reforma federal a la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Piorpi o Ley Antilavado.
Juntas, estas dos normas configuran el marco regulatorio más exigente que ha tenido el sector en la historia del estado, y su implementación está generando tanto expectativas como resistencias en un mercado que mueve miles de millones de pesos al año.
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Nuevas normas, más regulaciones
Las reformas responden a presiones para cerrar brechas en sectores tradicionalmente susceptibles, y a partir de 2025, con la nueva administración federal, la ley antilavado se ha endurecido porque el país está envuelto en temas de dinero de procedencia dudosa.
Para quien compra o renta un inmueble, el impacto más visible es la mayor certeza jurídica. Los contratos y trámites estarán respaldados por asesores capacitados y certificados, se reducen los riesgos de fraudes o malas prácticas, y quienes decidan invertir en Yucatán lo harán en un mercado regulado.
Para el sector, la transformación es más profunda: el corredor de bienes raíces que operaba con informalidad —sin facturas, sin registro, sin responsabilidad legal explícita— ya no tiene cabida formal en el nuevo esquema.
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Desde este año, todas las personas que se dediquen a la compraventa o renta de bienes inmuebles en Yucatán deben contar con licencia oficial como asesores inmobiliarios.
La licencia la otorga exclusivamente el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), que imparte una capacitación de 10 y 50 horas a través del programa Conocer, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
Solo quienes terminen y aprueben los cursos recibirán el título y la autorización para ejercer. La ley contempla tres figuras:
- Asesor Inmobiliario Certificado
- Agencia Inmobiliaria Certificada
- Asesor Inmobiliario Aliado
Fuera de estos nuevos perfiles profesionales, nadie podrá realizar operaciones inmobiliarias lícitas en Yucatán.
Lo que hace a esta ley particularmente robusta —y distinta a las que existen en otros estados— es su vínculo con el protocolo notarial.
El asesor o agente inmobiliario quedará registrado en el acta notarial de cada operación que realice, deberá entregar su factura con el monto de honorarios cobrados y los datos de sus cuentas bancarias.
Su nombre quedará plasmado en el protocolo notarial. Es decir, ya no hay posibilidad de operar en las sombras: cada transacción deja un rastro formal y rastreable.
