El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado acordó la participación activa del Juez Primero de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Licenciado Antonio Bonilla Castañeda, como integrante de las jornadas de discusión “La Actuación Policial en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, que tuvo lugar en la sede de la Casa de la Cultura Jurídica.
Dicho evento fue presidido por el Magistrado Juan José Olvera López, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, señalando que este tipo de acciones se llevan al cabo en todas las Casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se destacó en el evento, que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, que estas jornadas de discusión forman parte de una estrategia integral del Consejo de la Judicatura Federal para que en la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal se incorpore como uno de sus elementos estructurales, el énfasis en la perspectiva de derechos humanos, en particular, respecto de distintos grupos de población en situación de vulnerabilidad y consecuente atención prioritaria, para visibilizar y atender requerimientos específicos, cuando sus integrantes se vean involucrados en procesos de índole penal, sea de imputados, víctimas, testigos o sentenciados y su interacción con los elementos de las corporaciones policiales.
El objetivo general de estas actividades se refiere a la explicitación y análisis de problemáticas y particularidades sustantivas y procesales de las personas que han sufrido un delito, con miras a dimensionar la actuación de los operadores policiales en el proceso penal, como uno de los retos más relevantes para la procuración e impartición de justicia, buscando siempre que la intervención sea de forma integral y eficiente para el sistema.
Así como también socializar y reflexionar sobre el esquema adversarial centrando la discusión en los principios de contradicción, inmediación y la publicidad en un contexto de oralidad y, por otra parte, el primordial papel que históricamente ha recaído en los operadores policiales, como garantes del orden público, tanto por las nuevas atribuciones procesales, que les han sido conferidas en el nuevo sistema, que tutela la protección de los derechos fundamentales.
(Armando Gamboa Romero)