La siniestralidad vial volvió a encender las alertas en Yucatán durante 2025. Al cierre del año, 275 personas fallecieron en hechos de tránsito, una cifra que supera ligeramente la del 2024 y confirma que la violencia vial continúa siendo un problema estructural en el estado.
El balance fue presentado por el ingeniero vial René Flores Ayora, quien advirtió que el número oficial podría estar por debajo de la realidad. De acuerdo con sus estimaciones técnicas, al considerar subregistros y decesos derivados indirectamente de los siniestros, la cifra real de muertes viales podría acercarse a las 400.
El análisis revela que los motociclistas concentran el mayor riesgo. De las 275 víctimas mortales registradas en 2025, 165 viajaban en motocicleta, es decir, seis de cada diez fallecidos, lo que consolida a este grupo como el más expuesto en la red vial yucateca.
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En el resto de los casos, 36 personas eran conductores de otros vehículos, 36 viajaban como acompañantes, 20 eran peatones y 17 ciclistas, un desglose que muestra que el peligro no se limita a un solo tipo de usuario, sino que atraviesa a toda la movilidad urbana y carretera.
El comparativo anual refuerza la preocupación. En 2024, los motociclistas representaron poco más del 53% de las muertes; en 2025, esa proporción se elevó hasta el 60%, una tendencia que especialistas asocian con el crecimiento acelerado del parque de motocicletas, la alta exposición al riesgo y la falta de políticas efectivas de prevención y protección.
Meses con más decesos
En cuanto al comportamiento mensual, julio y septiembre fueron los periodos más letales, con 31 fallecimientos cada uno. Les siguieron noviembre, con 26, junio con 23, y mayo y agosto, ambos con 22 víctimas, lo que confirma que los picos de siniestralidad se concentran en temporadas de alta movilidad.
Sobre el periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, Flores Ayora explicó que los modelos de análisis predictivo estimaban hasta 24 muertes viales; sin embargo, hasta el 30 de diciembre se habían contabilizado seis decesos, equivalente al 25% de lo proyectado, un dato que, aunque menor a lo esperado, no elimina el riesgo latente en las carreteras.