Mientras el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas presume haber recibido una premio comprado con el dinero de los campechanos, su administración se ve manchada por señalamientos de mal uso de recursos públicos y su implicación en líos judiciales como el del caso Oceanografía, debido a la presunta colusión de la Administración Portuaria Integral (API), y su director general Alejandro Manzanilla Casanova, no sólo en el robo de equipos del recinto Isla del Carmen, sino también por hacer uso de predios ajenos y lucrar con ellos varios miles de millones de pesos.
Trabajadores de Oceanografía acusan al funcionario designado desde el 2015 directamente por Moreno Cárdenas, de solapar todo tipo de irregularidades afectando su garantía de pago, pero además, afectando a terceros como a la empresa Exincomer, la cual desde hace más de dos décadas sostiene una batalla legal por predios despojados en el Puerto ‘Isla del Carmen’, que se había adjudicado OSA, y por los cuales la API ha lucrado, cobrando rentas y cuotas.
Revelaron que de acuerdo con las Comisiones Bicamarales del Congreso de la Unión que dan seguimiento al caso Oceanografía, luego de 24 años Exincomer demostró en sentencias firmes ser los únicos y legítimos dueños de los predios en el recinto portuario, enfrentando al propio Gobierno del Estado y la API, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Procuraduría General de la República (PGR) y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
“La API, al mando de Alejandro Manzanilla desde el 19 de septiembre de 2015, no sólo NO ha hecho nada para solucionar la explotación ilegal de los predios que llevó a cabo Oceanografía y sus filiales y embarcaciones, así como la empresa ‘Cosepe’ y la misma Administración Portuaria, ésta última ha cobrado cuotas y rentas mensuales por años a Oceanografía y a Cosepe, quienes aún hoy tienen invadida la concesión e inmueble que pertenece a Exincomer”, denunciaron.
Dieron a conocer que de igual manera en el expediente 609/2014, la API pretende cobrar más de 40 millones de pesos por uso de infraestructura portuaria, “dinero que le corresponde a la concesión otorgada a Exincomer por la SCT, más el uso de sus predios e instalaciones, así como los daños y perjuicios con clara responsabilidad del Estado”, manifestaron.
Solapan ilegalidad
Indicaron que la colusión es de tal dimensión que incluso el Gobierno del Estado pretendió reconocer como garantía de pago para los trabajadores los predios que NO le pertenecían a Oceanografía, ya que mañosamente se buscaba engañar a los obreros afectados con el concurso mercantil con las concesiones de Exincomer con las que lucró OSA, Cosepe y la API, aunque finalmente fueron sacados de la masa concursal.
“Como quedó claro, le corresponde a la API como responsable de la seguridad y administración del recinto portuario, el no permitir ninguna violación a las leyes, mucho menos ser actores y cómplices de invasión a los predios e instalaciones y concesiones, pero constan en los juicios pruebas y sentencias, así como en denuncias penales, que la propia autoridad violentó las normas y desacató amparos al solapar a Oceanografía y Cosepe invadir con barcos, personal e instalaciones la concesión y terrenos de la empresa Exincomer”, acusaron.
Es por ello que revelaron que por disposición del equipo de transición y las comisiones camarales, que será el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas quien deberá reunirse con representantes de Exincomer, para que enfrente la problemática agravada durante su administración, la cual ha generado millones de pesos en pago de impuestos y otros efectos que NO se reflejaron en el erario, además de alteraciones en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, entre otras ilegalidades.
(Texto y fotos: Carlos Valdemar)