La justicia laboral por la que pelean desde hace años trabajadores de Oceanografía S.A. (OSA) se ha topado con el muro de la colusión y la ineptitud fomentada por autoridades estatales, desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) -a cargo de Jorge Radamés Romoreo Bock-, dependencia responsable de la Junta Local Número 1 de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en Carmen, por donde han pasado ya cinco presidentes y ninguno hasta el momento les ha dado respuesta sobre sus laudos ganados, tal como denuncian en un documento que los obreros hicieron llegar a POR ESTO!
En su misiva, los trabajadores de OSA responsabilizan del retraso en el cobro de sus liquidaciones a la corrupción existente entre funcionarios de la JLCA con abogados de la empresa y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), para rechazar, dilatar y resolver en su contra –sin fundamentos- las demandas laborales presentadas en tiempo y forma por despidos injustificados. “Ejemplos existen desde hace años en esta junta, desde comprar a los abogados de los trabajadores hasta NO radicar las demandas durante meses, así como extraviar a propósito expedientes laborales y resolver deficientemente para dar pie al amparo, o peor aún, negarse caprichosamente a enajenar los bienes embargados para pago de laudos firmes”, apuntaron.
Acusan que luego del actuar de las autoridades hasta el momento, pueden afirmar que, tanto los incendios suscitados el pasado mayo en las oficinas de la Junta Local, como en el barco embargado ‘Caballo Azteca’ y en el patio de Oceanografía en el Puerto Isla del Carmen, así como otros actos criminales, fueron premeditados y del conocimiento pleno del Gobierno de Campeche.
Ineptos
No obstante, indican que ha sido tal la ilegalidad que reina en la instancia laboral de Carmen, que desde el 2016, cuando un grupo de los más de 400 trabajadores afectados acudieron a la capital del Estado para denunciar estas anomalías, hasta el momento NO han sido atendidas sus inquietudes, pese a que ya pasaron cinco presidentes de la JLCA y dos titulares de la STPS.
Señalan el pésimo desempeño de las ex presidentas de la Junta Local, Dalila del Carmen Franco Gutiérrez, María del Carmen Pérez Zurita y Enma Julia Chan Lastra, quienes fueron removidas del cargo debido al cúmulo de evidentes irregularidades bajo la dirección de la ex secretaria del Trabajo Hilda Eugenia Velázquez Rodríguez (premiada con diversos cargos por el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas), y que estando como subdirector de la STPS el priísta que perdió su diputación “pluri”, José Enrique Zapata Acosta, trató de agilizar los procesos, instaurando a Amado García Cabrera, pero éste tampoco pudo con la encomienda, renunciando a inicios del presente año.
La estela de ineptitud no quedó ahí, pues ya bajo la responsabilidad de Jorge Radamés Romero Bock en la dependencia, éste colocó a Javier Ignacio Cherrez Sierra, quinto presidente de la Junta Local, que tampoco ha dado resultados.
“Actualmente, Javier Cherrez está siendo omiso para enajenar los barcos embargados y pagar los laudos a los trabajadores, ambos funcionarios se convierten así en cómplices de Amado Yáñez Osuna, actualmente libre bajo fianza y a cargo, desde inicio del año, de la administración de la empresa, que ya no está en quiebra y cuyos bienes fueron liberados por la PGR, por lo que NO existe impedimento legal para su remate”, precisaron.
Sin respuesta
Los obreros abundaron que han tratado directamente con Romero Bock y Cherrez Sierra el tema de la venta del ‘Caballo Azteca’, pero NO ha habido respuesta legal y favorable; “es claro, con lo visto por parte de ambos funcionarios, que el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas está de parte de Amado Yáñez, pues NO ha atendido desde el ámbito de sus responsabilidades la problemática de los trabajadores”, consideraron.
Precisan que permanece sin respuesta un Manifiesto de los Trabajadores hecho llegar al Mandatario campechano desde agosto del 2016, y omiso también continúa el resultado de reuniones con autoridades laborales desde entonces.
No se les ha dado respuesta de los mecanismos legales, sociales y de excepción para lograr el pago de liquidaciones sin intervención de sindicatos o condicionamiento alguno de la empresa, de los avances en los procesos de demandas laborales, del embargo de bienes como garantía de pago, así como de proceder a enajenar las embarcaciones DLB-801, “Caballo Azteca”, “Caballo de Trabajo” y “Caballo Azul”; así como otros aspectos, como las sanciones conforme a las normas ambientales por la contaminación de naves encalladas ni exigir su retiro de las costas.
Finalmente dieron a conocer que han continuado su lucha, siempre por la vía legal, y en lo que va de este año ya ratificaron una denuncia penal en contra de funcionarios públicos ante la Procuraduría General de la República (PGR), y la posterior ampliación de hechos; presentaron también denuncia contra el Gobierno Mexicano, sindicatos y OSA, por la violación al convenio internacional C087 en materia laboral sindical, y a la par han tenido acercamiento con integrantes del próximo Gobierno Federal en búsqueda de una solución a su caso, que acumula varios años y muchas más irregularidades.
(Texto y fotos: Redacción / POR ESTO!)