La administración del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien se ufana en señalar que “nadie por encima de la ley”, ha sido expuesta a nivel nacional precisamente por violar normas en materia de fiscalización, al ser detectadas irregularidades por más de 257 millones de pesos en la Secretaría de Salud Estatal por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo con la Primera Entrega de Informes Individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2017, finalizada el pasado mes de junio pero hecha pública recientemente.
La estratosférica suma detectada por la Auditoría Superior, en una Entidad en la que los hospitales públicos carecen de lo más elemental, se presentó durante el último año de gestión al frente de la Secretaría de Salud (SSA) de Alvaro Emilio Arceo Ortiz, quien a finales de 2017 –mediante un ‘enroque’ de Moreno Cárdenas-, fue transferido como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cambio de Rafael Rodríguez Cabrera.
Desde el Seguro Social, Arceo Ortiz se dedicó a señalar presuntos endeudamientos de municipios con colores distintos a los del Gobierno Estatal, como era el caso de Carmen, enrareciendo el ambiente político de cara a unas decisivas elecciones, siendo que este mismo funcionario encendió alarmas de los auditores federales.
Mientras todo esto ocurría, el Mandatario Estatal presumió en su pasado Informe de Labores supuestas mejoras en el rubro de salud, pese a que en Ciudad del Carmen persisten agravios como el Hospital Materno Infantil, o el deficiente servicio y la falta de medicamentos en el Hospital General “Doctora María del Socorro Quiroga Aguilar”; nosocomios a los que mucha falta les hacen los más de $257 millones bajo sospecha.
Gasto federalizado, “cheque en blanco”
Las irregularidades fueron detectadas dentro de los análisis hechos al gasto federalizado del llamado Ramo 33, que incluye el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), mediante la Auditoría de Cumplimiento Financiero 2017-A-04000-15-0643-2018 643-DS-GF.
En ella, se señala que los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del FASSA en el Estado, fueron de mil 508 millones 795 mil pesos, de los cuales se revisó más del 84 por ciento.
Es así que se hallaron “Recuperaciones Determinadas” probables, que implican presuntos daños o perjuicios, o ambos, estimables en dinero, causados a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, por 117 millones 160 mil pesos; que se integraron por 112 millones 820.8 miles de pesos por NO justificar en la plataforma a 393 personas que fueron pagadas con los recursos del fondo (FASSA), y que hubiesen laborado en algún área médica de los Servicios de Salud durante el ejercicio fiscal 2017.
Asimismo, 3 millones 995.7 mil pesos, por el pago de 16 trabajadores del Seguro Popular con recursos del mismo FASSA, de los cuales NO se presentó la autorización por la Secretaría de Salud; 326 mil pesos por pagar facturas con soporte documental correspondientes a servicios prestados durante diciembre de 2016, cuyos precios unitarios fueron distintos a lo estipulado en el contrato y fuera de la vigencia del mismo.
Y finalmente, 16.6 mil pesos por los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado (Indesalud) que NO se comprometieron ni devengaron en los objetivos del fondo, ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación.
Desvío de ISR
La ASF emitió además una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), que informa al Sistema de Administración Tributaria (SAT) sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal, por 140 millones 41mil pesos, dado que el Indesalud NO dio cuenta de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y las utilizó para el pago se servicios personales del mismo Instituto, así como para el pago de cuotas patronales ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Por estos hechos se determinaron 11 observaciones, pero sólo una fue solventada por la SSA antes de la integración del informe, y las 10 restantes generaron la mencionada Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), cinco Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y cuatro Pliegos de Observaciones (PO).
Es por ello que la ASF señala que, “en el ejercicio de los recursos, la Entidad Federativa registró inobservancia de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y en servicios personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 117 millones 160 mil pesos, por NO justificar que el personal observado hubiera laborado durante el ejercicio fiscal 2017 en alguna área de unidad médica de los Servicios de Salud.
Además, “se registró incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que se reportaron a la SHCP en el informe al cuarto trimestre, como devengados y pagados, montos que difieren de lo registrado contablemente por el Indesalud, lo cual la limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora”, continúa el informe.
En el ojo público
Sin embargo, cabe destacar que NO sólo en el aspecto de salud se hallaron posibles desfalcos al erario nacional, sino también en obras como la ampliación del Puerto Industrial, y la ampliación de la carretera Costera del Golfo y la construcción de los entronques Tenabo III y Hecelchakán, del tramo Campeche-Mérida, presumidas por el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas en su pasado Tercer Informe, de los cuales POR ESTO! dará cuenta posteriormente.
Finalmente, cabe destacar que Campeche se encuentra dentro de los primeros lugares de Entidades en el índice de monto observado entre muestra auditada, en séptimo lugar por detrás de Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Tabasco y Oaxaca, pues del total de 38 observaciones realizadas por la ASF en su revisión de la Cuenta Pública 2017, el Estado solventó sólo 26, y en las 12 restantes se promovieron diversas acciones contra las autoridades estatales.
(Texto y fotos: Redacción POR ESTO!)