CANDELARIA, Cam., 2 de septiembre.– “Mientras que los legisladores buscan reformar el artículo 102 Constitucional con miras a lograr el cambio de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la Nación, bajo el supuesto de acabar con la corrupción y la impunidad, nadie ha aclarado dónde están el dinero y los inmuebles que han sido decomisados a la delincuencia organizada”, afirmó Mario Kantún Uitz, vecino del centro.
Se habla de formar una Fiscalía que sirva y sea independiente del Gobierno, pero no han informado qué pasó con el dinero que se le ha decomisado al narco y delincuencia organizada, así como los millones del chino-mexicano Zhenli Ye Gon y su famosa frase “copelas o cuello”.
“El Gobierno sólo ha dado un informe general a todo lo incautado, sin embargo, consideramos que con la venta de los inmuebles y el dinero asegurado, bien se puede pagar una parte de la deuda externa de la nación para que cada mexicano no adeude los 80 mil pesos que calcula el gobierno y que pregona por cada uno de nosotros.
“Exigimos que den cuentas claras a los mexicanos las corporaciones que han intervenido en esos decomisos como el Ejército, la Marina y la Policía Federal”, expuso.
Manifestó que “si realmente desean estas instituciones ganarse el respeto y limpiar su buen nombre, pues que den un informe claro, no solapen a nadie y si alguien es responsable de quedarse con esos recursos que se le aplique todo el peso de la ley.
“Necesitan dejar en claro que son instituciones confiables, para así poder nombrar a los nuevos directivos en las mismas, en la nueva administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador.
“Creemos que si no se puede pagar toda la deuda, con esos recursos se puede cubrir una parte y de esta forma dejen constancia que se está haciendo al menos algo positivo por el país.
“Pedimos que cada corporación presente un informe detallado por su labor en este sexenio que concluye, para que el pueblo lo sepa y se retiren con dignidad y al salir que se les investigue para ver qué clase de vida llevan, para comprobar si cometieron actos de corrupción”, continuó.
Consideró que en las cárceles hay mucha gente inocente que purga una sentencia sin pruebas, como fue el caso de la maestra Elba Esther Gordillo, que pasó cinco años y cinco meses en prisión, y ahora resulta que nunca hubo evidencias.
“También se deben checar tres sexenios anteriores para de ahí es seguro que saldrá la verdad a la luz pública”, concluyó.