Plantado en las puertas de acceso del Plantel 19 Lerma del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam), Baltazar Camal Dzib, tras ganar un juicio laboral que se prolongó por cuatro años, por instrucción de un juez federal fue reinstalado en su puesto anterior como encargado de orden, sin embargo desde el pasado 10 de octubre vive un calvario, acoso, represión amenaza, al grado de impedírsele el acceso al plantel y al mismo tiempo le registran como falta injustificada.
Camal Dzib, quien ayer mismo acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una queja, responsabilizó del trato inhumano a la directora general del Cobacam, Adlemi Santiago Ramírez, a quien no le interesa pisotear la dignidad de las personas, al grado de humillarlos y sobajarlos, y al mismo tiempo se muestra como buena persona posando en foto con los alumnos.
Detalló que el pasado jueves 10 de octubre al cumplirse la instrucción del juez federal, cuyo fallo le fue favorable para ser reincorporado a su puesto de trabajo, en horario normal, se presentó acompañado de jurídicos de la institución y registró su huella en el reloj digital, aunque no le permitieron moverse del lugar.
Sin embargo, el viernes 11 de octubre en lo que sería su segundo día de labores, los abogados del Cobacam le impidieron el acceso al plantel, con la intención de generar confrontación, por lo que permaneció durante todo el día en la puerta de acceso y le contabilizaron como una falta injustificada.
Narró que el lunes 14 de octubre, pudo acceder al plantel al llegar antes que los abogados del Cobacam, por lo que pudo registrar su huella, pero ayer martes, nuevamente le impidieron el acceso y nuevamente notificaron como falta injustificada, por lo que decidió iniciar una manifestación de protesta en las afueras del plantel.
Ayer mismo, tras el trato inhumano y arbitrario del personal de la Dirección General del Cobacam, recibieron el respaldo del personal docente del plantel, quienes rechazaron la forma indigno de tratar a un trabajador.
Baltazar Camal solicitó la intermediación del gobernador Carlos Miguel Aysa González, para poner fin a los actos de injusticia en su contra, y argumentó que toda la acusación orquestada en su contra de presunto acoso es falso, toda vez que la parte patronal no pudo demostrar lo contrario, pero han prolongado el juicio para no aceptar su derrota jurídica.
Dijo que ha recurrido a tales instancias y ha logrado demostrar su inocencia, por lo que la orden es de ser reinstalado en su puesto de trabajo.