Eudaldo Chávez Molina ¡Crónicas del T´nab!
Crear poco más de 10 mil estancias infantiles, la mayoría de ellas subrogadas, no fue una solución para garantizar una adecuada educación inicial a los niños de cero a cinco años de edad, pues el Gobierno en contubernio con sus afines aplicó una política de mercantilización del cuidado de la primera infancia, sin que el Estado mexicano asumiera su verdadera responsabilidad. Se lucraba con la instrucción primigenia de la población infantil.
A tal grado que muchas estancias infantiles acabaron bajo el control de los partidos políticos y organizaciones sociales que poco o nada sabían sobre la estimulación temprana de los niños durante sus primeros años de vida.
Los centros de rehabilitación son otra lacra herencia de los gobiernos “prianistas”, que también se deben investigar porque son otro gran negocio de los gobernadores y sus aliados.
Los errores y excesos en que se han sumergido deben de ser corregidos bajo el esquema del combate a la corrupción que asfixiaba al país. En esta tarea el Gobierno Federal ha puesto énfasis y tocado las fibras más íntimas de un gran negocio que se hace a nombre de la niñez mexicana.
La fundadora y directora del Instituto de Investigaciones Pedagógicas, Teresa Garduño, calificó de infame que durante el gobierno panista de Felipe Calderón se permitiera que cualquier persona pudiera abrir una estancia en su garaje, sin importar en qué condiciones y qué persona ofrecía estos servicios.
La propuesta presentada por especialistas en temas educativos en la Cámara de Diputados, donde se discute la iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73 Constitucionales, está incluir en la Carta Magna la obligación del Estado mexicano de garantizar una educación inicial con un programa pedagógico claro donde se fomente el desarrollo del lenguaje, del pensamiento matemático, la música, las artes y la ciencia.
El Gobierno Federal descuidó las estancias infantiles y terminaron cayendo en manos de partidos y organizaciones sociales que mercantilizaron la educación inicial de la niñez mexicana, y ahora que se quiere ordenar y poner en manos honestas; los comerciantes de la instrucción primigenia sienten que se les acaba el negocio, porque en el nuevo esquema se va a entregar el apoyo económico directamente a los padres de familia.
No se trata solo de ofrecer cuidados para los niños menores de cinco años ni encerrarlos en espacios donde solo se cuida y se guarda a los infantes. Es una imperiosa necesidad establecer que la educación inicial es un derecho y se debe contar con un sólido programa educativo para impactar realmente en el desarrollo de los menores.
Un asunto que el súper delegado o coordinador estatal del Gobierno Federal, Rodrigo Abdalá D´artigues, debe investigar y sancionar a nivel nacional la corrupción que ha venido dándose en la Entidad con la gestión, autorización y apertura de estancias infantiles de la Sedesol, hoy Secretaría del Bienestar. Y es lo mismo que debe investigar la delegada en Campeche, Katia Meave Ferniza, en este rubro y en otros antes de que crezca la inconformidad en su contra que ya se está dando en el sur del Estado y en el Camino Real por otras cuestiones.
Hacerlo no le será difícil, pues hay al menos una treintena de afectados que fueron timados y defraudados -por no decir extorsionados- por el coordinador de Estancias Infantiles de la delegación de Sedesol, Jorge León Lecona, con la complicidad de su primo Pedro Lecona, secretario particular del ex delegado Lorenzo Rivera Sosa a nivel nacional, para evitar que se replique en Campeche.
Las irregularidades se dan en tres etapas: en la gestión, pues Jorge León pedía moches de 30 mil a 70 mil pesos a los interesados en dar de alta una estancia infantil, a cambio de apoyarlos a tramitar los permisos necesarios ante Protección Civil y otras autoridades, la capacitación del personal y la acreditación del inmueble, así como a gestionar las pólizas de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros; así como en la habilitación y equipamiento de las guarderías, pues a través de terceros les vendía cunas, mobiliario, colchonetas y demás enseres para la atención de los niños; y durante la apertura y funcionamiento, pues una vez que eran autorizadas éste les clavaba de dos a seis niños adicionales que eran “fantasma”, ya que sólo existían en el papel.
Cuando una estancia infantil se abría, una vez que su responsable cubría todos los requisitos de este programa de apoyo a madres trabajadoras, la Sedesol les entregaba a los beneficiarios una ayuda inicial de hasta 70 mil pesos.
Dichos recursos debían destinarse a la adecuación, habilitación y equipamiento del espacio validado; a la compra de materiales e insumos para la atención de niños y el funcionamiento de la estancia infantil; y a la adquisición de seguros y la elaboración de un programa interno de Protección Civil que debe ser validado por la autoridad local correspondiente.
Ha trascendido que a través de esta primera partida de hasta 70 mil pesos, Jorge León Lecona hacía de las suyas para que los afiliados se la entregaran total o parcialmente como pago por haberlos integrado al Programa o por las gestiones o buenos oficios que éste supuestamente realizaba ante distintas instancias gubernamentales.
Si los afiliados no caían en la etapa de gestión, el funcionario de Sedesol tenía la manera de apretarlos con supervisiones y la valoración semestral a que debían someterse los responsables de las estancias.
Por esa razón eran pocos los afiliados que se resistían a sus presiones o pasarle el equivalente de los de 6 a 10 niños “fantasma” que incluían en sus padrones.
Hay que destacar que una estancia infantil puede recibir entre 15 o 20 niños como máximo. Por cada menor entre 1 año y 3 años 11 meses la Sedesol pagaba 900 pesos mensuales, o mil 800 pesos si los menores entre 1 año y 5 años 11 meses padecían alguna discapacidad, previamente avalada mediante un certificado médico.
Eso significa que por una estancia infantil promedio cada afiliado de este programa de la Sedesol recibía 10 mil pesos al mes o 120 mil pesos al año. Un negocio redondo y muy redituable.
Sin embargo los problemas que hoy enfrenta Jorge León Lecona no son con los afiliados, sino con aquellos que intentaron ingresar, le entregaron dinero y quedaron fuera del programa de Estancias Infantiles.
De las 39 guarderías que en 2018 se abrirían, sólo fueron autorizadas 10, de manera que 29 se quedaron “chiflando en la loma”, entre ellas 14 del municipio de Puebla, 2 de San Martín Texmelucan, 2 de Atempan, 1 de San Andrés Cholula, otra de San Pedro Cholula y otras más de Chignahuapan, Amozoc, Zaragoza, Xicotepec de Juárez, Tlatlauqui, Zacapoaxtla, Santa Clara Huiziltepec, Chignautla y Ahuacatlán.
¿Cuántos de estos 29 defraudados procederán legalmente en contra de Jorge León y su primo? A ciencia cierta no lo sé, lo único que tengo claro que varios de estos ya se están agrupando y que el escándalo por este fraude no tardará en hacerse público.
Al desnudar la corrupción las redes de complicidades que hay detrás de las famosas estancias infantiles, se vino abajo el gran negocio de la comercialización de la educación inicial de la niñez mexicana. Con razón las marchas y protestas, no es para menos.
El presupuesto que se les asigna por cada niño es ambicioso y apetecible. Pero además se convirtió en un medio de control político, en su mayoría las estancias tienen dueños afines con el gobierno. Pero sí, es un buen negocio que inviertan su dinero, porque es una empresa particular de la iniciativa privada.