El Gobierno de la República ha dejado ver que va en serio la lucha contra la corrupción, uno de los casos más sonados es el de Emilio Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia, a ello se suma la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga, quien ya solicitó un amparo por temor a ser detenida para enfrentar un juicio.
No hay que olvidar que la también ex titular de la Sedatu, mediante 50 empresas, habría desviado fondos federales en los que estaría inmiscuido Javier Zamora Hernández, ex rector de la Universidad Tecnológica de Campeche, y quien dejó en serios problemas dicha institución para ser protegido por José Antonio Ruz Hernández, rector de la Unacar, y el ex Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, esto a través de la secretaría general de la máxima casa de estudios; sin embargo, la Fiscalía General de la República ya anunció que va en contra de todos los involucrados en la “Estafa Maestra”.
ASF detectó desvíos
En el 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío de recursos por miles de millones de pesos en las que estaban involucradas 11 entidades federativas del País mediante instituciones de nivel superior, el modus operandi consistía en que mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Sedesol asignaban contratos a las universidades para diferentes servicios y estos sub contrataban empresas “fantasma” para lavar el dinero.
Javier Zamora Hernández es investigado junto con funcionarios de la UTCAM por contratar empresas “fantasma” por una cantidad de más de 268 millones de pesos, de los cuales más del 60 por ciento no pudieron acreditar ni la presencia de la empresa ni mucho menos el trabajo realizado por el cableado estructurado, Servicios de datos (Red Lan), de telefonía IP, de tarificación de llamadas, de seguridad perimetral, de red Grupo Funcional Desarrollo Económico inalámbrica, de videoconferencia, de soporte en sitio y de mesa de ayuda.
Por ello, la Fiscalía General de la República de esta administración federal reabrió el caso, en donde se detectó que con el análisis de los entregables, que la UTCAM cotizó y cobró 80 servicios, de los cuales no entregó evidencia documental que demuestre y acredite fehacientemente la totalidad de servicios prestados.
En la inspección física realizada por los auditores comisionados de la ASF y personal de la DGTIC de la SEDATU, la misma FGR señala que se hizo una revisión a 72 bienes que fueron reportados por la Universidad Tecnológica de Campeche, que tenían en el listado de bienes aprovisionados de la Sedatu, de los cuales sólo lograron localizar 38 access point, es decir, 47.5% respecto de los 80 pagados.
De igual forma, Javier Zamora junto con Rosario Robles, es parte de la corrupción que imperó en dicha estafa, pues no sólo desviaron recursos públicos por servicios de sistemas e informática, sino que además utilizaron televisoras para desviar fondos bajo supuestos contratos de publicidad.
Por ello la misma ASF detectó que estas empresas carecían de infraestructura y capital para cumplir los servicios por los que estaban siendo sub contratadas, en su mayoría fueron empresas de prestanombres de los mismos rectores y de Rosario Robles, quien hoy con la intención de no ser llamada a juicio ni detenida logró conseguir el amparo de un juez, pero desafortunadamente no todos podrían correr el mismo riesgo y en caso de que la FGR termine su investigación, serán más funcionarios en activo y ex rectores, así como personal de confianza que estuvo involucrado, que podría enfrentar una orden de aprehensión.
Cabe mencionar que Javier Zamora Hernández dejó la Universidad Tecnológica de Campeche en números rojos, al grado que el actual rector, José del Carmen Rodríguez, tuvo que enfrentar problemas de salud graves, como un derrame cerebral, por las condiciones precarias y sin recursos en las que recibió la casa de estudios al borde del colapso, aparte de no saber llevar las riendas de la institución educativa.
(Texto y fotos: Ignacio Morales)