CAMPECHE, Cam., 24 de agosto.- En estado de indefensión se encuentran los habitantes de todos los municipios del Estado, ante el retiro de la mayor parte de las camionetas policiacas que presuntamente estaban en servicio, acusó el ex lesiglador perredista Ismael Canul Canul.
“Si en este momento llegara a ocurrir una desgracia o una emergencia policíaca en cualquier comunidad foránea e, incluso, en alguna cabecera municipal, no se tendría capacidad de respuesta, porque nuestra policía carece de movilidad, debido a que los responsables de administrar los recursos materiales y económicos de instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado hicieron un manejo corrupto del dinero, en lo que respecta a la compra y renta de vehículos”, sentenció el perredista.
Pero contrariamente a lo que le ocurre a la población, muchos de los funcionarios de primer nivel gozan de la protección de la PEP, mediante el uso indiscriminado del personal, armas y escasos vehículos con que esa dependencia cuenta.
“Los diputados de la LXIII Legislatura deben de intervenir ante las irregularidades y posibles ilegalidades en las que están incurriendo instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al no transparentar la inversión respecto al arrendamiento de camionetas, vehículos tipo deportivo y los denominados compactos para “resguardar” a la población.
“Según nos han informado, durante el 2016 fueron invertidos más de 56 millones de pesos para la renta de camionetas y automóviles para la policía, además de las adquisiciones directas que se hicieron para adquirir vehículos eléctricos y motocicletas”, declaró el ex legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Otro aspecto a destacar
El también miembro del Consejo Estatal del PRD también advirtió que hasta la fecha no se ve beneficio alguno como la denominada Iniciativa Mérida, que entre otras cosas incluyó capacitación y adiestramiento para los policías, tal y como se divulgó en su oportunidad.
“Existen excepciones, pero la verdad es que tenemos una policía cuya actuación deja mucho que desear, pues además de ser en su mayoría abusivos, principalmente con los débiles, parece que no aprendieron mucho de la capacitación que se les dio.
“Entre las capacitaciones que se le ofreció a las corporaciones policíacas de Campeche y Yucatán se encuentra precisamente la de aprender a conducir vehículos tipo Sedan y pick up, bajo condiciones extremas.
Sin embargo, según se sabe, las corporaciones locales no han tenido auténticos choques frontales contra la Delincuencia Organizada, pero ya destruyeron decenas y decenas de vehículos.
“Otro aspecto grave es que si en las ciudades tenemos desprotegidas nuestras calles y colonias, cómo estarán los municipios y los ejidos, sobre todo luego que durante la administración de Fernando Ortega Bernés se decidió que se iba a reforzar a la Policía Estatal, lo que a su vez implicó el debilitamiento de las corporaciones policíacas municipales”, abundó el entrevistado.
Otra de las inversiones que se hizo durante la gestión de Moreno Cárdenas fue que se presentó el 19 de septiembre en la capital del Estado, cuando se hizo entrega a la Policía Estatal un total de 61 nuevas unidades terrestres, más de dos mil uniformes, equipos de cómputo, constancias de capacitación policial y apoyos a agentes de las Secretarías de Seguridad Pública (Sspcam), Protección Civil (Seproci) y Fiscalía General del Estado (Fgecam), por una inversión total de 71.5 millones de pesos.
En la mayoría de los eventos, los comunicadores al servicio de Moreno Cárdenas se esmeraron en subrayar que los vehículos se hacían a la vista de todos los campechanos, pero también fueron muchas las voces que –entre en serio y en broma- presumieron de que se trataba de las mismas patrullas de siempre.
A finales de julio, el Ejecutivo Estatal, representado por Carlos Miguel Aysa González, solicitó al Congreso del Estado recursos por 88 millones 235 mil 415 pesos, para adquirir 47 nuevos vehículos. La petición incluía modificar la Ley de Egreso del 2019.
Sin embargo, a principios del presente mes, después de las críticas de la sociedad y de representantes de la LXIII Legislatura sobre la ineficacia y gasto superfluo de la renta de vehículos, el secretario de Gobierno, Pedro Armentía López, solicitó el retiro de la iniciativa del Congreso Local, en la cual pretendían el arrendamiento de 47 camionetas.
Mediante el oficio SGG/DAJ/527/2019 entregado al Congreso el 29 de julio y leído en la vigésimo séptima sesión, Armentía López decidió retirar el documento que pretendía hacer uso de 88 millones 235 mil 415 pesos con 88 centavos, para el arrendamiento de vehículos.
Ante las críticas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (Sspcam), Jorge Argáez Uribe, informó el 29 de julio que se haría la compra de 100 nuevas unidades policíacas, que representan la inversión de recursos federales y estatales por 43 millones de pesos, menos del 50 por ciento del monto inicial de 88 millones de pesos, con lo que pretendían rentar sólo 47 patrullas.
Cuándo llegarán las nuevas patrullas
El secretario de Seguridad Pública, Jorge de Jesús Argáez Uribe, declaró recientemente que la dependencia a su cargo tiene en funcionamiento 220 unidades en todo el estado y ya iniciaron las gestiones para la compra de 65 camionetas, 18 motocicletas y nueve vehículos tipo sedán para ambas instituciones.
A decir de críticos del Gobierno como el perredista Canul Canul, el propio Gobierno Estatal reconoce que la mayoría de sus vehículos están en mal estado o en un estado no óptimo para operar.
“Las pocas patrullas que están funcionando son las que están al servicio de los altos funcionarios del Gobierno del Estado, que incluyen al Gobernador, el Secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, el fiscal general, entre otros, pero no están, por ejemplo en las comunidades de Hopelchén, que se sabe que está bajo el asedio del Crimen Organizado ni en Champotón donde hay pugnas entre productores y agroindustriales.
“Desde luego que nos encontramos en un estado de indefensión, porque fuimos víctimas de una pésima administración de los recursos económicos y materiales. El asunto de las patrullas solamente sirvió para que algunos funcionarios y empresas corruptas se hincharan las bolsas de dinero, en tanto los problemas de inseguridad se han agudizado en colonias, cabeceras municipales y comunidades rurales”, puntualizó el entrevistado.
(Joaquín Vargas Aké)