Las dos últimas ejecuciones reportadas, la de una mujer en Ciudad del Carmen y en Santa Rosa Chiná, significa que los asesinatos son por pleito entre grupos delincuenciales ligados al narcotráfico o incluso se puede presumir que las autoridades policiacas solapan a estas bandas criminales al dejarlas operar, planteó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El fin de semana se dio a conocer que una mujer, que iba en un taxi en Ciudad del Carmen, fue ejecutada: emparejaron a la unidad y desde una motocicleta le dispararon causándole la muerte. En el municipio de Campeche, unos corredores de motos reportaron un vehículo abandonado en un camino de terracería.
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Al acudir la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición con huellas de maltrato e impactos de bala, por lo que presumen que fue ejecutado. En ambos casos, al estilo sicarial. Con estos dos casos, suman en lo que va del año 73 ejecuciones.
Sobre estos hechos, el PRI expuso que ya cada semana se tienen casos de estos homicidios, y no es uno, sino que contabilizan dos, tres o incluso cuatro asesinatos, ejecutados por sicarios de los cárteles de la droga contra los enemigos de bandas rivales.
Para el presidente del PRI, Ricardo Medina Farfán, en el caso de la mujer ejecutada en Ciudad del Carmen, el hallazgo de bolsitas hace pensar en una posible vinculación con el tráfico de drogas, aunque subrayó que la Fiscalía General del Estado debe realizar la investigación y lo principal es preservar la vida de la ciudadanía.
Son dos familias que se quedan sin sus integrantes, como sucedió con otra mujer asesinada en Aguacatal, lo que demuestra que la violencia alcanza a todos y las mujeres no son la excepción.
El PRI planteó que estos asesinatos están vinculados a la lucha de bandas del crimen organizado relacionadas con el narcotráfico en el Estado, y aseveró que quienes propician estas condiciones son las autoridades policiales, ya que no existe delincuencia organizada si las corporaciones de justicia se comprometen en la detención de los cárteles.
Consideró grave que 25 elementos policiacos fueran dados de baja y ninguno esté en proceso penal, lo que refuerza la sospecha de encubrimiento y un posible acuerdo entre criminales y autoridades.
