Un nuevo enfrentamiento entre taxistas y mototaxistas en Ciudad del Carmen reavivó el debate sobre la legalidad del transporte alternativo. La noche del martes, el estacionamiento de Bodega Aurrerá fue escenario de un tenso enfrentamiento entre choferes de taxis y operadores de “pochis”, motivado por la continuación del servicio ilegal. El conflicto verbal escaló rápidamente, generando gritos, empujones y momentos de alta tensión, lo que requirió la intervención de la Policía Municipal. Tras casi una hora, se restableció el orden.
Después de las 19:00 horas, en el estacionamiento de Plaza Palmira, algunos taxistas encararon a pochis que esperaban pasaje. Aunque estos se retiraron, el personal de vigilancia del supermercado les pidió a todos abandonar el sitio.
Según taxistas, los mototaxis operan de forma ilegal, ya que no están contemplados en la Ley de Movilidad del Estado de Campeche ni cuentan con concesión oficial. Alegan además que representan un riesgo para los usuarios al no cumplir con normas de seguridad.
El punto más grave del conflicto se dio en el estacionamiento de Bodega Aurrerá, lugar donde hace un mes ya se había reportado otro altercado. Los taxistas alegaban pérdida de pasaje, mientras que los mototaxistas defendían su operación alegando que la ARTEC (Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche) es la única autoridad competente para regularlos.
En su defensa, los mototaxistas aseguraron tener placas vehiculares, aunque no de servicio público, y que están en trámite de regularización. Justifican su servicio como una respuesta a la demanda de movilidad en zonas de difícil acceso.
Durante el altercado, algunos ciudadanos fueron increpados por intentar abordar mototaxis. Sin embargo, estos defendieron su derecho a elegir el transporte que más se ajuste a sus necesidades y presupuesto.
La tensión entre gremios del transporte en la isla resurge ante la ausencia de regulación clara por parte de la ARTEC, y refleja un problema que lleva años sin resolverse. Mientras unos exigen legalidad, otros piden inclusión y reconocimiento a una modalidad popular por su accesibilidad económica.
Este nuevo episodio evidencia la urgencia de definir un marco jurídico que garantice condiciones equitativas para todos los prestadores de servicios de transporte, priorizando en todo momento la seguridad del usuario.
JY
