Activistas del colectivo Ley Sabina Campeche acusaron que el Poder Judicial del Estado le ha fallado a la niñez campechana, al no garantizar con prontitud ni eficacia el cumplimiento de las pensiones alimenticias. Como protesta, colocaron un tendedero de deudores alimentarios frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), donde exhibieron a padres que se niegan a cubrir sus obligaciones.
De acuerdo con la fundadora del colectivo, Aremy Gasca, actualmente existen entre 50 y 60 niñas y niños en situación de vulnerabilidad económica porque más de 25 padres evaden el pago de la pensión. El problema, denunció, se agrava por el “tortuguismo judicial”, ya que los jueces retrasan los procesos y, en muchos casos, son las madres quienes deben llevar personalmente los exhortos a otras ciudades para avanzar en sus denuncias.
Uno de los casos expuestos es el del alcalde de Escárcega, Juan Carlos 'N', cuya demanda de desconocimiento de paternidad inició en enero de 2024 y hasta hoy sigue sin resolución, a pesar de múltiples apelaciones y amparos; otros, son los del diputado local de Morena, Gaspar 'N'; y los exfuncionarios del Gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas: José Domingo 'N' y Roberto 'N'.
“Con el magistrado presidente Manuel Minet Marrero no hemos visto apertura; el Poder Judicial presume que trabaja, pero en realidad no está atendiendo como debe”, señaló Gasca.
La activista también acusó irregularidades en los Centros de Convivencia, donde psicólogas presionan a las madres para obligar a los hijos a convivir con familiares paternos, bajo la amenaza de que, de negarse, perderán la custodia. Asimismo, expuso que algunos jueces toleran pensiones mínimas que no cubren las necesidades de la infancia: se han registrado casos de apenas 200 a 300 pesos mensuales, y uno en particular —el del abogado Francisco 'N'— donde un niño con autismo recibe solo mil 500 pesos, insuficientes para cubrir terapias y alimentación especial.
Gasca advirtió que muchos padres se amparan o declaran ingresos menores, con la complicidad de los patrones, para reducir el monto de la pensión, mientras otros dejan de trabajar de manera formal para evadir responsabilidades. Incluso, familiares como abuelos paternos llegan a interponer demandas de convivencia, lo que incrementa la presión sobre las madres.
También recriminó los abusos por parte de abogados que, en lugar de apoyar a las madres, ven en ellas un negocio, pues hay litigantes que cobran entre 15 mil y 90 mil pesos por procesos que no avanzan, además de pruebas de ADN que pueden costar entre 10 mil y 20 mil pesos, lo que deja a muchas mujeres en indefensión.
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Aunque reconoció el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), acusó falta de apoyo del Instituto de la Mujer (IMEC) y de las instituciones judiciales, lo que orilla a las madres a seguir denunciando en las calles.
“Este no es tiempo de mujeres ni de la niñez, porque mientras tengamos que instalar tendederos y salir a marchar para exigir derechos básicos, se demuestra que el Poder Judicial no está a favor de nuestra lucha”, sentenció Aremy Gasca.
JGH