El Ayuntamiento de Calkiní mantiene en nómina a los tres servidores públicos señalados por violar los derechos humanos de la persona identificada como “El Heladero”, quien falleció dentro de una celda de la Dirección de Seguridad Pública tras haberle sido negado alimento, atención psicológica y vigilancia especializada.
Ello avalado con información obtenida en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que evidenció que los implicados en la detención del ahora occiso continúan en el servicio público, a sabiendas de la administración municipal de que su indebido actuar afectó la integridad del conocido como “El Heladero”.
De acuerdo con el expediente 315/Q-062/2024 emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), dirigido al Ayuntamiento de Calkiní por el motivo de Insuficiente Protección de Personas, se evidenció la falta de acciones y sanciones por parte de las autoridades municipales; sin embargo, a más de un año del incidente, los responsables continúan en funciones sin haber enfrentado consecuencias administrativas o legales.
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La información que también es avalada por el Ayuntamiento de Calkiní confirma que el suboficial Franklin Alberto N. C. sigue en las calles y percibe un sueldo mensual de 10 mil 798.64 pesos; así como el Agente Guerman Gagarin C. C., quien recibe en este 2025 un salario de 11 mil 335.20 mensuales.
Algo que llama la atención es que ahora no están dados de alta ninguno de los salarios de los jueces calificadores, donde está incluido Jorge Antonio P. C., que hasta el 2024 recibía un salario mensual de 10 mil 907 pesos, todos ellos señalados por la Codhecam.
Al ser cuestionado al respecto, el alcalde Milton Ulises Millán Atoche atribuyó la omisión a su antecesora, y argumentó que no se tomaron las medidas correspondientes en su momento. Sin embargo, durante los nueve meses que lleva en el cargo, los funcionarios implicados siguen en sus funciones con aparente impunidad.
Cabe recordar que, tras un año y cinco meses del fallecimiento del ciudadano apodado “El Heladero”, la Codhecam determinó que, aunque la causa de muerte fue natural y no atribuible directamente a una persona, sí existieron omisiones graves en cuanto al resguardo y protección del detenido, responsabilidad que recayó directamente en los dos policías y el juez calificador mencionados.
En el informe, la Codhecam emitió una serie de recomendaciones al Ayuntamiento para prevenir hechos similares, no obstante, la permanencia de los funcionarios en sus cargos sin medidas correctivas ha sido vista como un acto de negligencia institucional, lo que mantiene vigente la preocupación sobre la protección de los derechos humanos dentro del sistema de Seguridad y Justicia Pública de Calkiní.
