La reciente regularización del salario mínimo para trabajadores sindicalizados en comunidades rurales del municipio de Carmen fue solo “la cara bonita” de una negociación que, según denunció el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Base, Juntas y Comisarías (SUTBAJC), Miguel Ramón Córdoba, incluye también un acuerdo paralelo para despedir a cerca de 80 empleados en las próximas semanas.
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El dirigente acusó al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (SUTPMIDEC), José del Carmen Urueta Moha, de haber pactado “en lo oscuro” y con intenciones “mañosas”, al firmar dos minutas que deberán ser aprobadas por el Cabildo. Según Córdoba, solo se habló públicamente del aumento salarial, pero no del trasfondo que implica despedir a trabajadores para garantizar el salario de quienes permanecen.
La primera minuta formaliza el aumento salarial a 4,200 pesos quincenales, un ajuste que llevaba dos años de retraso y que podría ser observado por la Auditoría Superior por violar la ley. La segunda minuta autoriza la baja de trabajadores bajo el argumento de enfermedad o edad avanzada, lo cual, según el SUTBAJC, se hizo sin transparencia y a costa de los mismos empleados que celebraban su regularización.
Ramón Córdoba señaló que los presidentes de las juntas municipales de Atasta, Sabancuy, Mamantel y la Comisaría de Isla Aguada fueron instruidos por la Unidad Administrativa para integrar las listas de quienes serán despedidos. Afirmó que este procedimiento debió realizarse con diálogo, revisión caso por caso y liquidaciones conforme a la ley, y no como moneda de cambio para aplicar el aumento.
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Además, denunció que en algunos casos las bajas propuestas responden a rencores personales o diferencias políticas, y no a una evaluación justa de la situación laboral. Destacó que la única junta que actuó con respeto fue Mamantel, donde su presidenta Guadalupe Morales Izquierdo dialogó previamente con los empleados para explicarles la situación.
En el resto de las comunidades, afirmó, “todo se hizo por maldad”, afectando a trabajadores que por años han prestado sus servicios en la zona rural. Ahora, solo queda esperar que regidores y síndicos de la comuna avalen las dos minutas, pues la regularización salarial deberá aplicarse a partir del 15 de diciembre, y para esa misma quincena se espera que al menos 80 colaboradores sindicalizados sean finiquitados conforme a ley y derecho.
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