Integrantes del sector empresarial han lanzado una advertencia a la ciudadanía ante la detección de billetes falsos de $500 que han comenzado a circular en distintos comercios locales.
De acuerdo con las denuncias, cámaras de videovigilancia lograron captar a al menos dos personas, un hombre y una mujer, que, la mañana del pasado lunes, acudieron a un establecimiento y, con un modus operandi similar, lograron cambiar dos billetes apócrifos por mercancía y dinero en efectivo.
Lo preocupante, señalan los comerciantes, es que estos billetes falsos logran superar algunas pruebas de autenticidad, como las realizadas con luz negra y neón, lo que podría confundir incluso a quienes están acostumbrados a revisarlos. Por ello, exhortan a la población a tomarse unos segundos adicionales para inspeccionar cuidadosamente los billetes de $500 y $200 antes de entregar cambio o concretar una transacción.
En caso de detectar un billete falso, recomiendan retener la pieza y dar aviso inmediato a las autoridades, recordando que la Ley del Código Penal Federal, en sus artículos 234, 235, 236, 237 y 238, establece que:
Al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa.
Se entiende por moneda, para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeras, que tengan curso legal en el país emisor.
Comete el delito de falsificación de moneda quien produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa.
La pena señalada en el primer párrafo de este artículo también se impondrá a quien, a sabiendas, hiciere uso de moneda falsificada.
Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables, mientras que la alerta se extiende tanto a grandes como a medianas y pequeñas empresas, con el objetivo de evitar mayores afectaciones económicas y proteger a los consumidores.