En Yucatán, donde la certeza jurídica ha sido durante décadas uno de los principales imanes para la inversión y la vida familiar, una alerta reciente encendió focos amarillos en uno de los bienes más sensibles: la vivienda. No se trató de un despojo masivo ni de un colapso institucional, sino de un riesgo más discreto y, por ello, más peligroso: cancelaciones de hipotecas que nunca debieron ocurrir.
La advertencia surgió desde el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que detectó movimientos irregulares relacionados con presuntas cesiones de derechos sin sustento legal, utilizadas para liberar gravámenes hipotecarios en Yucatán. El señalamiento fue canalizado de inmediato a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y activó un protocolo de contención que evitó que el problema escalara.
A diferencia de otros episodios registrados en el país –donde los fraudes inmobiliarios salen a la luz cuando las familias ya perdieron su casa o su ahorro–, en Yucatán el sistema reaccionó antes de que el daño fuera irreversible. La Consejería Jurídica notificó al Colegio de Notarios del Estado y solicitó extremar precauciones, incluso suspender inscripciones vinculadas a las empresas bajo observación mientras avanzan las investigaciones.
Para el notariado yucateco, el mensaje fue directo: más vigilancia, más revisión y tolerancia cero a documentos dudosos.
“Si para evitar fraudes es necesario suspender inscripciones en tanto se realizan las investigaciones, estaremos dispuestos a colaborar”, sostuvo Raúl Pino, presidente del Colegio de Notarios, al subrayar que la circular no representa una preocupación para el gremio, sino una acción preventiva para proteger a la ciudadanía y al propio sistema hipotecario.
La medida marcó un precedente relevante: la seguridad jurídica no se defiende sólo validando papeles, también cuestionándolos cuando algo no cuadra, incluso si el trámite parece rutinario.
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La alerta se encendió desde dentro
Desde el Infonavit, la detección de estas irregularidades no fue fortuita. Mauricio Sahuí Rivero, delegado estatal del instituto en Yucatán, explicó que las primeras señales se identificaron desde el año pasado, a partir del análisis cotidiano de casos de personas acreditadas que se acercaron a revisar su situación crediticia.
“Esta revisión se ha hecho día a día, a partir de los casos que llegan al instituto. Al revisar cada expediente, también se analiza el estado registral de las garantías hipotecarias”, explicó en entrevista con POR ESTO!. Fue en ese cruce de información donde comenzaron a aparecer cancelaciones que no contaban con respaldo legal ni con registro de pago o cesión autorizada por el instituto.
A partir de ello, el Infonavit notificó a las instancias correspondientes, entre ellas la Consejería Jurídica del Gobierno estatal y el Registro Público de la Propiedad, con quienes mantiene coordinación permanente para detectar posibles casos similares. La competencia del instituto, aclaró Sahuí Rivero, se limita a presentar las denuncias y alertas; será responsabilidad de otras autoridades determinar las sanciones que procedan.
No obstante, subrayó que el organismo trabaja de manera constante en el fortalecimiento de sus controles para evitar que las operaciones sospechosas pasen inadvertidas y pongan en riesgo tanto a los trabajadores como para el propio Infonavit.
Un esquema conocido, un riesgo vigente
El intento detectado en Yucatán parte de una práctica conocida en el sistema financiero: la venta de carteras vencidas a empresas de cobranza, que posteriormente gestionan la cancelación de hipotecas una vez recuperado el adeudo. El problema, en este caso, es que el Infonavit no tiene registro de haber cedido derechos ni de haber recibido pagos, lo que convierte las cancelaciones en actos presuntamente fraudulentos.
Las empresas bajo observación –Patrimonio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (en sus modalidades regulada y no regulada) y Grupo Desarrollador del Noroeste, S.A. de C.V.– quedaron bajo investigación. Aunque aún no se cuantifica el número de hipotecas involucradas, el solo intento bastó para activar alertas legales y administrativas.
Para el delegado del Infonavit, el riesgo no es menor: cancelar una hipoteca con documentos o cesiones no debidamente registradas puede interpretarse como evasión de la obligación de pago y derivar incluso en la rescisión anticipada del crédito, un escenario perjudicial tanto para el acreditadoa como para la institución. En ese contexto, coincidió con el notariado en que los fedatarios representan la primera línea de defensa, al contar con el conocimiento técnico para identificar actos jurídicos irregulares o simulados.
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El fraude ya no toca la puerta, entra por el trámite
El caso deja una lección incómoda: los fraudes inmobiliarios ya no siempre se presentan como despojos violentos o engaños burdos, sino como trámites aparentemente legales, con sellos, firmas y registros. De ahí que la falsificación documental –incluida la suplantación de notarías o firmas– sea hoy uno de los principales focos de riesgo.
“Hoy son hipotecas del Infonavit; mañana puede ser cualquier otra institución, pública o privada”, advirtió Raúl Pino, al señalar que ningún sistema es inmune si se relajan los filtros.
En el ámbito nacional, el contexto refuerza la alerta. En los últimos años, el Infonavit ha presentado decenas de denuncias penales por fraudes que incluyen juicios masivos, ventas múltiples de una misma vivienda y redes de intermediarios –los llamados coyotes– que llegan a quedarse con hasta 40% del ahorro de los trabajadores.
Entidades como Quintana Roo, Estado de México y Jalisco han documentado esquemas similares. En ese escenario, la reacción preventiva de Yucatán se perfila más como un modelo de contención que como una respuesta tardía.
Un llamado al cuidado del patrimonio
Para el Infonavit, la experiencia refuerza una recomendación clave: ninguna persona acreditada debe realizar operaciones sobre su vivienda sin acudir primero al instituto. Actualmente, recordó Sahuí Rivero, existen opciones de regularización de pagos y programas para evitar la pérdida del patrimonio, reconociendo el esfuerzo que los trabajadores han realizado durante años.
La enseñanza final trasciende lo jurídico. El patrimonio no se delega a intermediarios ni se confía a atajos. Autoridades, notarios e instituciones pueden cerrar filas, pero la primera línea de defensa sigue siendo la información y la cautela ciudadana.
En Yucatán, el intento de fraude no prosperó (al menos por ahora), pero dejó algo más valioso que una sanción: la certeza de que la seguridad jurídica no es un hecho dado, sino una construcción diaria que puede perderse en un sólo trámite mal revisado.
