Pobladores de Nuevo Progreso están en contra de la Policía Municipal de Carmen, luego de que han iniciado operativos en la comunidad donde no aplican multas, sino que se llevan las motocicletas al corralón de Ciudad del Carmen, y para poder recuperarlas deben pagar sumas económicas superiores a los siete mil pesos, por lo que han sido varios los que han perdido su patrimonio por esta medida considerada como radical por parte de la corporación.
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En días pasados, habitantes de esa comunidad ubicada en la Península de Atasta realizaron una movilización en la que se reunieron en letras turísticas, desde donde los manifestantes realizaron una caminata para exigir diálogo con el comisario, a quien le mostrarían su inconformidad por las acciones que entraron en vigor el pasado cuatro de agosto.
Según los afectados, desde ese día es de uso obligatorio el casco certificado y licencia vigente al conducir motocicleta, y llevar la documentación en regla, como tarjeta de circulación y licencia. Sin embargo, el problema radica en que quienes no tenían lo anterior no eran sujetos a multas, sino que les levantaban la motocicleta, llevándosela al corralón.
Derivado de ello, el pasado miércoles por la noche, sostuvieron una plática donde la base fue no afectar a la comunidad. Se llegaron a acuerdos donde el punto fue la seguridad de los jóvenes y personas que hacen uso de motocicletas en la comunidad, por lo que aplazaron la aplicación de las medidas sancionatorias, es decir, a partir de este jueves siete de agosto, contarán con 10 días más para que adquieran cascos, incluso se podían anotar en una lista para ver si gestionan que se los entreguen de forma gratuita.
Para los habitantes de Nuevo Progreso, están conscientes de que deben cumplir, pero dadas las condiciones económicas, no todos han podido hacer todo el trámite viajando hacia Ciudad del Carmen, y a la Policía Municipal se le ocurrió aplicar de un día para otro y no solo multar, sino quitar las motocicletas para llevarlas a la Isla, algo que era demasiado costoso.
Aunque los inconformes en su mayoría son adultos, dijeron que por una parte fue acertado dar de plazo 10 días para la adquisición de cascos, sin embargo, estarán en espera de que el llamado a no llevarse las motocicletas al corralón sea tomado en cuenta por la corporación, pues causan afectaciones económicas graves para familias trabajadoras, las cuales dependen de estas unidades para trasladarse a sus centros laborales o educativos entre comunidad y comunidad de la microrregión de la Península de Atasta.