Mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirma otro presunto desvío por más de 53 millones de pesos en el gobierno de Pablo Gutiérrez Lazarus, los ciudadanos, líderes sociales e incluso empresarios rechazan su nombramiento como coordinador de la defensa de la 4T, al considerar que no representa los ideales de ese movimiento.
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Y es que, en medio de múltiples cuestionamientos de los campechanos sobre lo que califican como un “destape” anticipado y la preocupación por el posible uso de recursos públicos, sale a la luz una presunta malversación de fondos federales. De acuerdo con la ASF, se detectaron omisiones en la documentación justificativa, aunado al ocultamiento de contratos, facturas y evidencias.
El monto total es por 53 millones 236 mil 374.95 pesos divididos en seis contratos con múltiples omisiones e inconsistencias que derivaron al despliegue de cuatro Pliegos de Observaciones; cuatro de esos convenios no se encuentran disponibles para su consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ni en el portal oficial del Ayuntamiento, lo cual representa una violación a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Opacidad
El primer Pliego corresponde a un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 13 millones 308 mil 844.24 pesos, por no proporcionar en los expedientes de los contratos con número C.J./CN/041/2024, C.J./CN/016/2024 y C.J./CN/052/2024 diversos documentos como el Acta de Entrega Recepción del Bien o Servicio, la Evidencia del Ingreso de los Bienes Adquiridos en el almacén de la Dependencia Contratante y el Inventario de los Bienes, sumado a que dichos contratos ni siquiera están disponibles para la consulta pública.
Asimismo, el segundo Pliego también deriva de la omisión de entrega de evidencias importantes como las Pólizas de Egresos, las Facturas, las Cuentas Bancarias, el SPEI y la Documentación que acredite la recepción de los Servicios Legales, de Contabilidad y Auditoría del contrato número C.J./CN/004/2024, mismo que tampoco se encuentra disponible en la PNT y corresponde a un monto de un millón 542 mil 405.60 pesos.
Inconsistencias
En el tercer caso, relacionado con el contrato número MCCDOP-LD-LP-001-24, este sí se encuentra disponible para su consulta pública, sin embargo, mientras que en la PNT justifica un monto de 14 millones 753 mil 801.42 pesos por la pavimentación de calles con la empresa Construcción, Arquitectura, Diseño y Servicio, S.A. de C.V., ante la ASF se declaró un valor de 15 millones 337 mil 370.96 pesos, además de que no completó el esquema de documentación justificativa y comprobatoria suficiente para validar la realización de la obra, omitiendo las Actas de Entrega Recepción, de Extinción de Obligaciones y de Finiquito, así como la Bitácora, las Estimaciones con los archivos de soporte y el Oficio de Terminación.
Finalmente, el presunto daño más grave deriva del contrato número MCC-DOP-FAISMUN-LP-003-24 por un valor de 23 millones 047 mil 754.15 pesos, el cual, de acuerdo con la PNT, se formuló con la empresa Proveedora Stock S.A. de C.V. por servicios de pavimentación e incumplió ante la ASF con la entrega de las Pólizas de Egresos y Facturas correspondientes al pago de cada una de las estimaciones, aunado a un reporte fotográfico insuficiente para la validación de la obra terminada.
Rechazo ciudadano
Jesús Rodríguez Plascencia, presidente del Comité Vecinal del fraccionamiento Puesta del Sol, indicó que en Ciudad del Carmen existen opiniones divididas sobre la gestión del alcalde, particularmente en temas relacionados con el sector empresarial, la carga impositiva y la atención a problemáticas sociales como la inseguridad y la situación económica, lo que podría derivar en un voto de castigo para el edil.
Y es que, del 2022 al primer trimestre del 2026 se han iniciado 20 mil 581 carpetas de investigación por diferentes delitos en el municipio del Carmen, de las cuales temas relacionados con homicidios dolosos, feminicidios y violaciones son los que tienen los principales alertamientos en el periodo que le compete de forma completa al actual alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus.
Posibles denuncias
Por su parte, Renato González Domínguez, presidente del Comité Municipal del PRI en Carmen, sostuvo que, aunque la ley no obliga al alcalde a renunciar todavía, su “destape” sí genera un escenario desigual al recorrer municipios y utilizar estructuras que no están disponibles para todos, por lo que analizan denuncias ante la autoridad electoral.
