Los pueblos indígenas de México, en pleno siglo XXI, aún están en busca de definir su identidad. Su condición de minoría los ubica en las políticas sociales como sociedades vulnerables y endebles, que de acuerdo con las percepciones de los gobiernos en turno, no siempre se ubican como tema de interés público ni mucho menos se integran a las políticas y planes nacionales de desarrollo. En ese sentido, el abandono en que el Estado tiene a los pueblos indígenas de México los vuelve más vulnerables de sufrir abusos, discriminación y atropellos a sus sitios sagrados, su territorio y a sus derechos fundamentales.
Es así que, bajo un esquema globalizador, algunas políticas locales han propugnado por la “integración” de los pueblos indígenas a los sistemas de desarrollo local, a través de diversas estrategias económicas, como el caso del turismo, no obstante, la ignorancia funcional y una mala planeación de intervención hacia los pueblos originarios han ocasionado un desplazamiento gradual de su territorialidad y su identidad como pueblo, violentando con ello sus más elementales derechos que como individuos y como pueblos originarios merecen, y que están establecidos y fundamentados en las leyes internacionales de la OIT y la Unesco.
Si bien las políticas internacionales se desarrollan de acuerdo a los planes nacionales de cada país, es innegable que al mismo tiempo cada nación desarrolla sus políticas encaminadas a la protección, preservación y resguardo de los pueblos originarios según sus criterios de interés social. En ese sentido, considerar que los pueblos originarios son sujetos de derecho pleno ante leyes locales, regionales, nacionales e internacionales, no siempre se aplica y se cumple, por lo que las intervenciones de organismos que velan por dichos intereses son constantes.
Los pueblos latinoamericanos, con un alto grado de población indígena, (Bolivia, Perú, Brasil, Chile, México, Guatemala, entre otros) adolecen de alguna manera de una política de protección y atención objetiva de los pueblos indígenas, que si bien en algunos casos se establecen en sus cartas magnas, el reconocimiento pleno a su lengua y a su territorialidad, no siempre se respeta, son constantes los reclamos, las luchas por el reconocimiento de autonomía y libertad territorial que desarrollan los pueblos para que sus derechos sean respetados.
Bajo esa condición, si consideramos que los pueblos originarios en México adolecen de alguna manera de una protección efectiva del Estado mexicano, bien es importante reconocer también que la políticas de protección de su territorialidad se ha visto amenazada recurrentemente (véase los casos de las comunidades tsotsiles de los Altos de Chiapas, mixes en la sierra de Guerrero, rarámuris de la sierra Tarahumara en Chihuahua o el santuario Wichol de los pueblos wirráricas del Nayar.)
Así se someten también los pueblos mayas peninsulares a las políticas de integración social y global aun a costa de un sometimiento político y judicial de facto por el Estado mexicano. Los descendientes del milenario pueblo maya asentados en el actual estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán, en México, hasta la década de los 70 del siglo XX, gozaron de una endeble paz social, ya que eran dueños de su propio destino, usufructuaban y explotaban conscientemente sus bienes y recursos naturales y su territorio, su tradición cultural e histórica les había sometido desde el siglo XIX y hasta principios del XX, durante más de 50 años a una cruenta guerra llamada “de castas” que mermó su condición indígena y los sometió a la nuevas políticas de dominio y control institucional.
Su resistencia hasta el siglo XXI, se refleja en sus actos y discursos internos, resultado de una lucha por su reconocimiento y autonomía. Los pueblo denominados “cruzoob” a través de su organización tradicional han sabido resistir los embates de un Estado mexicano que en pleno siglo XXI los oprime y los somete a su voluntad generando con ello incluso la pérdida de su territorio y sus santuarios. Al mismo tiempo, el concepto de modernidad y globalización que bajo el esquema del desarrollo social ha llegado a los territorios mayas, los ha transformado, en el caso que ocupa esta propuesta, la Riviera Maya, antaño territorio sagrado maya.
El gran proyecto Riviera Maya, indudablemente ha influido en la organización religiosa, identitaria y territorial de los pueblos mayas, originalmente dueños de estas áreas hoy bajo control del Estado y de los particulares que han comprado o usurpado una muy buena parte del territorio maya, original, pueblos que han sido desplazados por las grandes firmas turísticas, como el caso de Pino Suárez, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, son ejemplo de ello.
En ese sentido, es de especial observancia considerar que los embates legales por el territorio antaño en manos de los mayas también han creado un nuevo sistema de latifundismo que en tiempos futuros únicamente dejará en la miseria a estas poblaciones mayas que, desplazadas, se convertirán en los nuevos migrantes, sin identidad y sin rumbo.
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*Doctor en Antropología de Iberoamérica e integrante del Colectivo Disyuntivas.