En 1823, José Segundo Carvajal, como Gobernador y Capitán General, había sido firmante del acta en la cual Yucatán se integraba al gobierno general de México, siempre que se adoptase el federalismo y se respetasen las condiciones particulares de la península. Esto no fue tarea fácil para las autoridades que dirigieron el destino del país desde su etapa inicial como nación independiente, ya que no supieron establecer un régimen de gobierno que fuera favorable a las innumerables condiciones de los estados que componían la geografía nacional, particularmente en el caso de Yucatán, que se había consolidado durante toda la época colonial, prácticamente como un país, ya que no dependía en muchos aspectos de la Nueva España; su desarrollo político, económico, social y cultural fue muy independiente de ésta, por las circunstancias particulares de su gente, suelo e industria.
Esta particularidad de Yucatán no fue entendida por las autoridades, quienes desde la capital de la república imponían gravámenes a las mercancías de importación y exportación, que afectaban de manera importante al sector comercial yucateco, establecido principalmente en la ciudad y puerto de Campeche. Si a esto sumamos que las fuerzas militares de la península estaban en su mayoría concentradas en aquella importante plaza, no podía esperarse otro resultado que el de sublevaciones que trataran de imponer su ley.
Reelecto José Tiburcio López Constante en 1829, las condiciones relativamente favorables que prevalecieron en su primer periodo de gobierno ya no serían las mismas a las que se enfrentaría. La inestabilidad política del gobierno nacional, con las asonadas que llevaron al poder a figuras como Antonio López de Santa Anna, ocasionaron que pueblo y gobierno yucatecos tomaran sus previsiones, sobre todo en cuanto al poder otorgado a los militares. El 21 de septiembre de 1829, el Congreso yucateco expidió este decreto: “que no se anticipe cantidad alguna de las cajas de la federación sin previa calificación de urgencia y de su justa inversión, ni se haga pago alguno que no esté determinado precisamente por la ley”. El factor económico de los militares federales establecidos en Yucatán, fue el punto de discordia que finalmente detonó en sublevación.
A mediados de 1829, Felipe Codallos, Comandante General del Estado de Yucatán enviado por la federación para encabezar el mando de las tropas de la península, con residencia en Campeche, exigió al gobernador Tiburcio López mayores recursos económicos para sus elementos; el funcionario yucateco hizo algunas consideraciones al general, sin embargo, no todas las exigencias fueron cumplidas, tanto porque no era responsabilidad del gobierno estatal cumplir con este compromiso, así como también por el decreto del Congreso del Estado que limitaba las aportaciones económicas no justificadas. Estas desavenencias entre los dos funcionarios ocasionaron que el general Codallos fuese sustituido por el coronel José Segundo Carvajal, sin embargo, éste continuó las demandas de su antecesor ante el gobernador del estado, aumentando con ello las fricciones entre los mandos civil y militar. Finalmente, en una reunión llevada a cabo en Campeche la noche del 5 de noviembre, para celebrar el ascenso de un militar, se produjo, ante la exaltación de los oradores, un pronunciamiento a favor de establecer el centralismo en la península de Yucatán; movimiento que ya se estaba gestando también en el centro del país, por medio del general Antonio López de Santa Anna. El pronunciamiento del 6 de noviembre de 1829, pronto fue secundado por aquellos que de alguna manera habían visto afectados sus intereses, como fueron los comerciantes, el clero, los “camarilleros” y los militares principalmente, cuyas fuerzas de las guarniciones de Campeche, Mérida, Sisal, Izamal, Champotón, Carmen y Bacalar, se adhirieron a dicho movimiento que finalmente triunfó en el estado, con la destitución de las autoridades electas y el encumbramiento de los triunfadores al mando de José Segundo Carvajal.
El centralismo establecido en la península de Yucatán, por el pronunciamiento de noviembre de 1829, se adelantó por varios años al que se instauró en todo el territorio nacional; y si bien, la concentración del poder fue la característica de este régimen, sus objetivos gubernamentales no distaban mucho de aquellos que se fijaron cuando Yucatán se sumó al pacto federal, en 1823. El movimiento que llevó al gobierno a José Segundo Carvajal se consideraba patriótico y popular, pues fue motivado por la incapacidad del Congreso del estado y del gobernador Tiburcio López, para defender los intereses del pueblo yucateco ante las cargas fiscales impuestas por el gobierno mexicano. Para ello, tenían que demostrar que dicho pronunciamiento contaba con la simpatía de la población peninsular.
El primer paso de los centralistas yucatecos para ganarse adeptos a su causa fue la derogación de ciertas cargas (donde así lo solicitaban), como los arbitrios municipales; esto con el fin de mostrar los beneficios que este régimen traería a una corporación que era fundamental para el control de los pobladores: los cabildos. Lo siguiente fue la creación de una representación popular de todos los partidos de la península, la cual fue convocada para febrero de 1830 en el pueblo de Bécal, perteneciente al Partido de Hecelchakán, a la que se nombró “Asamblea general”; con ello se pretendía crear un cuerpo consensual que trabajara con el gobernador en el establecimiento de leyes, de manera expedita y acorde a las necesidades del pueblo yucateco, pues uno de los reclamos de los centralistas era que el Congreso del Estado había actuado con ineptitud en la defensa de los derechos de los ciudadanos; por ejemplo, el artículo 76 de la Constitución del estado los facultaba a “pedir motivadamente al Congreso general la derogación, suspensión o modificación de las leyes generales de la Unión, que por circunstancias peculiares ofendan los derechos inmanentes del estado”; lo cual no habían hecho los legisladores yucatecos. Los centralistas actuaban sobre la base de la libertad, seguridad, derecho a la propiedad y felicidad que no habían podido defender ni los legisladores, ni el gobernador depuesto.
De la “Junta de Bécal”, celebrada entre marzo y abril, compuesta en su mayoría por adeptos al régimen, así como por un grupo importante de militares, se acordó el “Acta Instituyente”, que contenía las bases sobre la que se regiría la administración centralista yucateca y los requerimientos para aceptar las leyes emitidas por el gobierno general, aunque se especificaba que Yucatán seguía siendo parte de la república mexicana. Con el fin de tener representación en el Congreso de la Unión, el gobierno centralista yucateco emitió otro decreto en octubre de 1830, para elegir en la villa de Calkiní, del Partido de Hecelchakán, a quienes integrarían esta representación. De la Junta Provincial llevada a cabo en Calkiní el 12 de diciembre, resultaron electos ocho personajes, los cuales tenían la encomienda de pedir al gobierno general la instauración del centralismo; basar las elecciones en cuanto a la instrucción y propiedad; pedir la exención de los derechos aduanales y cargas sobre los productos yucatecos. Estos personajes no fueron aceptados en el Congreso general.
Para mediados de 1831, la situación se hacía más crítica para los centralistas yucatecos, pues el gobierno de Bustamante aún no reconocía el régimen implantado en la península y se corría el riesgo de ser invadida por tropas federales que restablecieran el orden constitucional. Ante ello, el gobierno de José Segundo Carvajal aprovechó que el período constitucional finalizaba ese año y convocó a elecciones por medio de una “Convención”, con el fin de dar carácter legal a su administración. La asamblea instalada en Mérida expidió un decreto el 21 de octubre en que declaraba gobernador interino a Carvajal, otro en octubre 6 en el que se restablecía la observancia de la Constitución federal y la estatal. El 21 de diciembre se instaló el 6° Congreso, emanado de los partidarios del movimiento de 1829 y se declaró electo gobernador a José Segundo Carvajal. El gobierno mexicano rechazó de nuevo a los representantes yucatecos, aunque éstos alegaron haber regresado a la federación.
Los sucesos nacionales de 1832, en que el general Santa Anna se pronunció en Veracruz por el restablecimiento del depuesto presidente de la república, Manuel Gómez Pedraza, tuvieron eco en los militares de la península, apoyados por los miembros de “La Liga”. A pesar de las medidas tomadas por el gobierno de Carvajal para impedir un movimiento que derrocase su gobierno, el 6 de noviembre de 1832, exactamente tres años después del movimiento que instauró el centralismo en Yucatán, el teniente coronel Gerónimo López de Llergo se pronunció en Mérida a favor de la restitución de Gómez Pedraza y de las autoridades locales depuestas en 1829; las fuerzas nombradas “Undécima División del Ejército Libertador”, fueron secundadas por las fuerzas que el mismo Carvajal había dispuesto en Hecelchakán y que estaban al mando del general Francisco de Paula Toro y del teniente coronel Sebastián López de Llergo, además de otras guarniciones que se sumaron a este movimiento que finalmente derrocó al movimiento centralista. A pesar de que varias leyes expedidas por el centralismo de Carvajal eran de ideas liberales avanzadas, éstas fueron derogadas por las nuevas autoridades. En febrero de 1833, se instaló una nueva Legislatura, electa conforme a la ley y en septiembre de ese mismo año se declaró electo como gobernador del estado al C. Juan de Dios Cosgaya y vicegobernador al C. Santiago Méndez.
Segundo periodo centralista en Yucatán
El general Francisco de Paula Toro era Comandante General del Estado de Yucatán en 1834; como militar y político, tenía una importante influencia en los diversos círculos sociales en los que ejercía su autoridad y amistad, pues entre otros cargos, había sido Jefe Político de Campeche durante 1830 1831, años en los que llevó a cabo obras de embellecimiento y mejoramiento urbano. Como cuñado de Antonio López de Santa Anna, el general Toro se movía al vaivén de los movimientos políticos que desde la capital eran liderados por aquel personaje, de acuerdo a sus intereses.
La agitación política que se vivía en el país a causa de las reformas llevadas a cabo por el vicepresidente Valentín Gómez Farías, pronto ocasionarían un nuevo enfrentamiento en la península de Yucatán. En los primeros meses de 1834, había desembarcado en Campeche, el teniente coronel Marcial Aguirre, quien empezó a propagar entre los militares que el centralismo se proclamaría pronto en México y que la voluntad del ejército se sobrepondría a la del Congreso de la Unión; como distintivo de su simpatía con estas ideas, los militares se colocaron cintas rojas en sus uniformes e iniciaron una campaña ideológica en las poblaciones del Camino Real.
El comandante Toro, en una actitud que dejaba entrever su alianza con los partidarios del centralismo, comenzó a dictar medidas sin dar parte al gobernador del estado: mandó a su ayudante José María Covián para que ocupase el fuerte de Sisal; envío mayores pertrechos a las compañías del Camino Real; puso a las órdenes de Gerónimo López de Llergo el batallón 1° activo de Mérida, sin dar parte a su comandante; envío al teniente José del Carmen Bello, uno de los más enconados simpatizantes del centralismo, a que reforzara el destacamento de artillería de la capital del estado.
El detonante del conflicto sucedió en una comida que se le ofreció al vicegobernador Santiago Méndez en una Quinta de Campeche, propiedad del general Toro, estos tuvieron un altercado en el que el militar manifestó al funcionario que pronto el ejército acabaría con las autoridades civiles del estado. Ante estas amenazas y otras muestras de simpatía hacia los militares fieles al general Toro, el 30 de mayo, el gobernador Juan de Dios Cosgaya reunió en Mérida a las autoridades civiles y militares afines, levantando un acta donde se desconocía al general Francisco de Paula Toro como Comandante General del Estado; además de esto, el 1° de junio, el Congreso del Estado emitió un decreto en el que se facultaba al gobernador para ejercer la fuerza de las armas ante quienes intentaran alterar la tranquilidad pública.
Ante el desconocimiento de su autoridad, el general Toro incitó a las tropas fieles a su causa para iniciar un movimiento armado; con las fuerzas que pudo reunir se situó en Hecelchakán y además mandó a bloquear el puerto de Sisal, el cual no habían podido tomar sus soldados. Por su parte, el gobernador Cosagaya, al ver la actitud del general rebelde y habiendo sido autorizado por la legislatura para el uso de la fuerza contra Toro, hizo salir de Mérida un destacamento al mando del coronel Felipe de Jesús Montero, el cual llegó hasta Dzitbalché. El general Toro avanzó con sus tropas hasta la hacienda Xmac, muy cerca de Dzitbalché, pero ante la indecisión de ambas fuerzas para atacarse, las del general pronunciado regresaron a Hecelchakán y se situaron en el cementerio, a las afueras de la villa, dejando en el atrio de la parroquia una fuerza a las órdenes del teniente coronel Sebastián López de Llergo.
El destacamento de Llergo y el cañón colocado en el atrio de la iglesia hicieron estrago sangriento en las tropas de Mérida, que avanzaron hasta la misma plaza; y como se componía de soldados bisoños, que habían sido armados violentamente para salir a campaña, no tardaron en retroceder ante los despojos que tenían a la vista. Muchos arrojaron sus armas para huir con más libertad, y una gran parte de la fuerza se retiró en dispersión. No por esto pudo vanagloriarse Toro de su triunfo, porque aunque la mayor parte de sus tropas no tomó parte en la acción, se retiró con todas a la plaza de Campeche, sin atreverse a intentar un nuevo combate con las de Mérida. La acción de Hecelchakán tuvo lugar el 29 de junio de 1834, fecha digna de ser considerada en nuestros anales, porque aunque aquella batalla fue de poca importancia en comparación de otras que debían de venir después, fue la primera en que, como hemos observado, corrió la sangre yucateca en las contiendas civiles.
El general Toro aprovechó el descontento de los clérigos y la sociedad devota, por las reformas liberales llevadas a cabo por Valentín Gómez Farías, así como la disposición del gran número de militares de la plaza de Campeche, fieles a la causa centralista, y el 5 de julio de 1834 se llevó a cabo una reunión numerosa en la que se levantó un acta de pronunciamiento en la que se desconocía al Congreso del Estado, al Senado de la República, al gobernador y a todas las autoridades civiles; se dispuso que se restableciera el congreso de Carvajal, disuelto en 1832, y se hiciera cargo del gobierno del estado, el jefe político de Campeche, Rafael Montalvo y Baranda.
El general Toro hizo salir una fuerza de Campeche, compuesta de mil quinientos hombres al mando del coronel Sebastián López de Llergo. Las tropas del gobierno que habían sido derrotadas en Hecelchakán se replegaron a Calkiní; su comandante, Felipe Montero, fue sustituido por el coronel Eduardo Vadillo, quien estaba en espera de refuerzos que venían de Mérida al mando de Francisco Peraza. El 26 de julio, antes de que pudieran llegar a Calkiní los refuerzos del gobierno, las tropas de Sebastián López de Llergo atacaron a los que estaban situados en aquella plaza, infligiéndoles una derrota total en la que dicha villa quedó regada de cadáveres, cayendo prisioneros los oficiales y el coronel Vadillo, quien además sufrió una herida durante el combate. Las fuerzas de Peraza no pudiendo hacer nada ante el fracaso de sus compañeros de armas, se regresaron a la capital para dar aviso al gobernador quien se retiró a Izamal con todos los funcionarios de su gobierno. Llergo avanzó hasta Mérida sin resistencia, y las fuerzas golpistas, con Toro a la cabeza, entraron triunfantes a la ciudad lanzando vivas a Santa Anna y a la religión, en carruajes con los distintivos rojos del centralismo.
Los centralistas de la época de Carvajal regresaron al poder con el triunfo de Toro; el general quedó investido como gobernador interino, sin embargo, tuvo que franquear varios obstáculos e incluso infringir la Constitución yucateca para poder recibir el nombramiento como gobernador, el cual ejerció hasta febrero de 1837, cuando fue llamado a México, después de perder la influencia de que gozaba bajo la protección de Santa Anna, quien quedó reducido a prisión por la derrota con Texas. En septiembre de 1835 la Legislatura de Yucatán llevó una iniciativa al Congreso de la Unión, pidiendo que se decretase la república central. En 1836 se expidieron las leyes constitucionales que establecieron la república central en todo el país; los estados de la federación perdieron su soberanía quedando como departamentos, regidos por un gobernador que sería designado desde la capital de la nación; las legislaturas desaparecieron y se crearon juntas departamentales. Pronto se verían en Yucatán las consecuencias de este régimen que finalmente acabaría por sucumbir ante los simpatizantes del federalismo en los primeros años de la década de 1840.