La nieta de la cantante mexicana Lola Beltrán, Lola Carrillo Leal, volvió a exigir justicia por el asesinato de su esposo, Christian Olivera, durante un ataque armado ocurrido en el bar El Bandazo, en diciembre de 2024. La mujer acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para ampliar su denuncia y reclamar la reparación integral del daño para su familia y las demás víctimas.
A casi dos años de la agresión, Carrillo Leal busca que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes. También solicitó que se requiera a la alcaldía Cuauhtémoc para que explique la situación administrativa del establecimiento, cuyo permiso de impacto zonal habría vencido días antes del ataque.
¿Qué pasó en el bar El Bandazo?
El ataque armado ocurrió el 22 de diciembre de 2024, cuando Christian Olivera celebraba su cumpleaños en el bar El Bandazo. De acuerdo con la denuncia difundida por la representación legal de Carrillo Leal, Olivera perdió la vida y Adrián González Navarro sufrió lesiones graves.
La tragedia dejó a un niño de cuatro años sin su padre. Carrillo Leal explicó que su hijo presentó afectaciones emocionales tras la muerte de Christian y que, desde entonces, ella ha asumido los gastos del hogar, las colegiaturas y el tratamiento psicológico del menor.
La mujer sostuvo que no dejará el caso hasta que se garantice la reparación del daño y se investigue a todas las personas que pudieran tener responsabilidad en los hechos.
Piden investigar la operación del bar y sus permisos
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la situación administrativa de El Bandazo. Según el documento citado por los abogados de la familia, la alcaldía Cuauhtémoc reconoció, mediante el oficio AC/DGG/DG/SSG/076/2025, que el establecimiento no contaba con un permiso de impacto zonal vigente el día del ataque, pues este había vencido el 15 de diciembre de 2024.
La representación legal solicitó que el Ministerio Público requiera a las autoridades de la demarcación para que expongan su postura dentro de la carpeta de investigación y expliquen qué medidas de verificación se tomaron respecto al establecimiento.
Los abogados también señalaron que el bar habría continuado operando después de la agresión. Por ello, buscan que se investiguen las condiciones en las que funcionaba y que los responsables de su operación comercial respondan por la reparación integral del daño, conforme a lo que determinen las autoridades competentes.
Hasta el momento, estos señalamientos deben distinguirse de una resolución judicial que establezca responsabilidades administrativas o penales.
