Marta Núñez Sarmiento*
Metodología de los “por qué”
XXII
Prosigo resumiendo los resultados que produjeron las investigaciones sobre este tema en Cuba entre 1990 y 2010. Estos estudios se concentraron en la violencia hacia las mujeres y, por esta razón, este fue el género al que se refirieron las características que detallo a continuación.
Las víctimas/mujeres no denunciaban a sus agresores. Los motivos para esta indolencia, según varios estudios de caso, consistían en que temían represalias mayores de sus victimarios, abrigaban la esperanza de reconciliarse con ellos, sentían vergüenza de hacer pública las ofensas que sufrían y eran personas que manifestaban muy baja autoestima.
Estas indagaciones no lograron dibujar un perfil sociodemográfico definido de las mujeres proclives a ser maltratadas, porque pertenecían a todas las edades, razas, ocupaciones, niveles de escolaridad, estados civiles en las uniones maritales. Otro hallazgo fue que carecían de entrenamientos en cuestiones de sexualidad, específicamente en cuestiones de atropellos de género, porque no habían cursado programas de educación sexual que incluyeran en qué consistía la violencia de género y cómo reaccionar ante ella. Aquellas que los habían recibido en las escuelas dijeron que solo contenían descripciones de cómo funcionaban en la reproducción de la vida los aparatos genitales femeninos y masculinos.
No existían programas específicos para reorientar a los hombres que habían agredido violentamente a las mujeres, cualquiera que fuera el grado de peligrosidad de sus actos. Tampoco se entrenaba en las especificidades de la violencia hacia las mujeres al personal que atendía estos casos, bien fuera la policía, los encargados de administrar justicia en los tribunales y los especialistas en los centros de salud pública.
Todos estos estudios entre 1990 y 2010, así como los que se llevaron a cabo desde entonces hasta ahora, reconocen que en Cuba existen condiciones estructurales para combatir la violencia contra las mujeres. Ante todo, ellas han construido permanente y paulatinamente su identidad de género en concordancia con los programas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, que ha sido uno de los pilares de los cambios que la Revolución ha propiciado en los modos de vida de todos los cubanos.
La Ley Fundamental de 1959 y la Constitución de 1976 reconocieron la igualdad entre todos los ciudadanos y el derecho a igual salario por igual trabajo. Cuba legalizó el divorcio desde 1918 y en 1976 se adoptó el Código de la Familia. Desde 1960 se promovió la incorporación al empleo de las mujeres sin esperar a alcanzar el crecimiento económico, por considerar que este empeño era una parte de las estrategias del desarrollo económico. En materia de las políticas sociales, en 1961 se instauró la educación universal y gratuita y se crearon los círculos infantiles o guarderías para las madres trabajadoras. A partir de ese año todos los ciudadanos tuvieron acceso igual y sin pagos a la salud pública, el aborto se legalizó en 1962 y la planificación familiar en 1964. La ley de maternidad se incluyó en el Código del Trabajo en 1974, otorgando tres meses de licencia retribuida a las trabajadoras, plazo que posteriormente se aumentó hasta llegar a un año en 2003. Comenzaron a desmantelarse los patrones patriarcales en la cultura cubana contra viento y marea… que aún perduran en mujeres, hombres y en personas LGBTQ.
Aunque hasta este momento el Código Penal cubano carece de la figura de “violencia de género”, quien se decidía a acusar a quien hubiera cometido esa felonía podía apelar a los delitos contra los derechos individuales incluidos en ese código, específicamente aquellos que atentan contra la igualdad. Asimismo, se sancionan todas las manifestaciones de violencia psicológica, física, sexual y económica. Incluso se incluyó como agravante a quien cometa estos delitos, sea el cónyuge de la víctima o un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad. Podían denunciarlos ante los tribunales, las fiscalías, las estaciones de la policía y hasta en las unidades militares más cercanas a sus hogares o a los lugares donde se cometieron estos delitos violentos.
Los estudios sobre la violencia hacia la mujer entre 1990 y 2010 demostraron que esos hechos asumían todas las manifestaciones, desde el homicidio hasta las agresiones psicológicas y que solían cometerse en el domicilio de la víctima. Las mujeres entrevistadas describían estos actos como de violencia física, pero no mencionaban que se trataban de abusos sexuales; no los reconocían bajo esa denominación aunque se produjeran con su pareja o en el centro laboral. Este desconocimiento se manifestó claramente cuando alrededor del 2010 una telenovela cubana mostró una escena de una violación en el matrimonio. La población reaccionó con fuerza argumentando que eso era algo personal, íntimo y que nadie tenía derecho a penalizarlo. En mis indagaciones suelo analizar los contenidos de las telenovelas para extraer los mensajes sobre las relaciones de género que trasmiten, porque es un medio de comunicación sumamente popular entre mujeres y hombres.
Hay otro ejemplo ostensible de cuán poco reconoce aún la población los delitos de violencia de género. En 2013 los trabajadores cubanos discutieron el nuevo Código Laboral que cubriría tanto los sectores públicos como los recientemente creados pequeños sectores privados. Ni una sola persona mencionó que debía incluirse el acoso sexual, y solo al debatir esta ley en el Parlamento cubanos varios diputados plantearon la necesidad de contenerlo en el nuevo código.
Chávez Negrín explica que en las indagaciones sobre la violencia contra la mujer, en los veinte años ya mencionados, descubrió que en los pocos casos de homicidios en que la mujer los comete contra el hombre, éste constituye su primer delito. Las mujeres que los perpetran crecieron en ambientes familiares carentes de afectos, condiciones que se repiten en sus relaciones con la pareja que resultó ser su víctima. Entre las causa que la llevaron a cometer el homicidio menciona que su pareja la sometía a maltratos sostenidos, que iban en aumento; que desconocía que existía una red de instituciones sociales que le hubieran ofrecido el apoyo que necesitaba, como son las casas de orientación de la mujer y la familia o el médico de la familia (que son mayoritariamente mujeres). Las casas de orientación cuentan con especialistas para atender estos casos, pero no abarcaban en esos años a todas las personas que las necesitan, ni lo hacen todavía. Los médicos de la familia, que conocen las condiciones de salud de las personas que atienden en su espacio comunitario, no están entrenados para orientar con propiedad los casos de violencia de género. La carencia de viviendas en Cuba no les ofrece a las parejas que sufren conflictos violentos la posibilidad de que opten por vivir apartadamente una vez que decidan separarse o divorciarse. Los medios de comunicación en aquellos años no divulgaban las temáticas de la violencia hacia la mujer, y mucho menos otros tipos de violencia de género, de manera que la población conociera en qué consiste y aceptara que existe en Cuba; tampoco detallaban sus causas, ni orientaban a las víctimas. Todavía a inicios de la década de 1990 prevalecían entre muchos cubanos –y todavía persisten– falsas creencias sobre la responsabilidad máxima que se le atribuía a la mujer de mantener el matrimonio a toda costa, incluso, si es maltratada. Chávez Negrín apuntó una observación interesante: los miembros de los órganos de justicia a todos los niveles aplicaban las mismas normas en los casos de violencia de género, tanto a los hombres victimarios como al reducido número de mujeres que cometían actos violentos extremos, como los homicidios. Esto era injusto, porque ellas generalmente habían soportado durante años los maltratos de quienes resultaron sus víctimas.
A partir de inicios de este siglo, el panorama ha cambiado radicalmente en materia de investigaciones sobre violencia contra la mujer y de género, así como de las políticas hacia ella. Los estudios han proliferado con seriedad e incluyen no solo la violencia contra la mujer, sino hacia las personas LGBTQ y hasta a los hombres. Se trata igualmente los abusos en la esfera doméstica hacia los niños y los ancianos.
Desde 2011 los programas de educación sexual en el sistema de educación son obligatorios desde la primaria hasta el grado 12 e incluyen temas como la violencia de género, la que se practica en la esfera doméstica y el acoso en las escuelas o bullying. Pero hay que esperar los resultados en los próximos años, pues pueden prevalecer casos de maestras y maestros que omitan partes de estos cursos porque les resulten inmorales o “contra natura”.
La Constitución de la República de Cuba que se aprobó en el referéndum el 24 de febrero de este año incluyó expresamente el artículo 43, que establece que “el Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello”. En concordancia con los preceptos que contiene este artículo de la Constitución, así como otros referidos a la no discriminación de género, todos los ministerios del país se encuentran enfrascados en revisar y crear nuevas regulaciones legales que viabilicen aplicar estos principios. Entre estos documentos fundamentales están el Código Penal y el Código de la Familia.
En mi próximo artículo comentaré cuán enraizados están en la ideología popular las prácticas de la violencia de género, mediante el análisis de frases comúnmente empleadas por los ciudadanos, quienes no comprenden sus verdaderos alcances, ya sea porque las repiten consciente o de forma inconsciente.
Continuará.