LIMA, Perú, 24 de noviembre (AFP/EFE).- La justicia peruana bajó el telón el sábado a un mes de audiencias contra la cúpula del opositor Partido Fuerza Popular, que acabó con su líder Keiko Fujimori y seis coacusados en prisión preventiva acusados de presunto lavado de activos por recibir aportes ilegales de Odebrecht.
La orden judicial de captura internacional y prisión del ex secretario general del partido Jaime Yoshiyama y el impedimento de salida del país del asesor Augusto Bedoya cerraron un mes de audiencias y resoluciones judiciales a 11 investigados de la agrupación.
“La prisión preventiva deviene en indispensable para conjurar el riesgo en el proceso, conforme se ha patentizado en la conducta de Yoshiyama de eludir a la justicia”, dijo el juez Richard Concepción Carhuancho para justificar su decisión, resaltando la presencia del investigado en Estados Unidos.
Yoshiyama se desempeñó como secretario general del partido fujimorista en la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, en la que postuló a la vicepresidencia peruana.
Además de Yoshiyama, quien se recupera en Miami (Florida, EEUU) de una operación a la vista, según su abogado, el juez dictó impedimento de salida del país por 36 meses para Bedoya. El empresario integró el comando de campaña y el círculo de confianza de Keiko en las presidenciales.
Keiko Fujimori, de 43 años y la mayor de los cuatro hijos del expresidente Fujimori, está encarcelada desde el pasado 31 de octubre. Sus abogados apelaron la decisión judicial.
Siete de los 11 acusados deberán pasar 36 meses en prisión preventiva, luego que el juez declarara fundadas las alegaciones de la fiscalía de que existe “riesgo de fuga y obstrucción a la Justicia” en este caso que concita gran interés mediático.
Sobre dos acusados, Jaime Yoshiyama y Giancarlo Bertini, se dictó además orden de captura internacional.
Los restantes cuatro acusados quedaron en libertad provisional y con prohibición de salida del país. Uno de ellos, un sobrino de Jaime Yoshiyama, llegó a un acuerdo de colaboración con la fiscalía, a cambio de una reducción de cargos en su contra.