Zheger Hay Harb
La nota colombiana
La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal presentó un proyecto de reforma a la ley de restitución de tierras y reparación de víctimas de 2012, en el gobierno de Juan Manuel Santos, que implica un retroceso en el reconocimiento de derechos de quienes han padecido con mayor rigor las consecuencias del conflicto armado interno.
Varios congresistas de la izquierda, así como organizaciones sociales han puesto de relieve el significado regresivo de este proyecto en un tema tan sensible y decisivo para la implementación del acuerdo de paz. Ahora, 12 eurodiputados han enviado una carta a la senadora señalando el peligro que implicaría la aprobación de esa reforma. Ya es verdad sabida que en el fondo la verdadera explicación y la raíz de todas las masacres de paramilitares está la usurpación de tierras.
Aunque nadie puede precisar el número exacto de víctimas del desplazamiento forzado (cuando empezó a usarse un sistema de medición ya había ocurrido un gran número de masacres que necesariamente tuvieron que ocasionar desplazamientos masivos) puede decirse que por lo menos 4,500 000 personas se vieron obligadas a salir de sus hogares para salvar sus vidas, dejando abandonadas sus tierras. Estas cambiaron de dueños por la fuerza o mediante compras ficticias o simplemente por trampas en el registro o por el fácil expediente de la ocupación, que luego se legalizó utilizando las normas creadas para la normalización de la propiedad rural que, en general, es informal.
La ley de restitución de tierras prevé que los poseedores que demuestren buena fe puedan conservar las que habían sido expropiadas sin su participación. El proyecto de reforma de la senadora Cabal pretende que los “segundos ocupantes” de las tierras despojadas de manera forzada y violenta no puedan ser condenados en los procesos para devolver la propiedad a sus legítimos dueños porque considera que esos segundos son víctimas convertidos en victimarios en virtud de la ley de restitución.
Lo que la ley prevé es que los compradores de buena fe comprobada puedan tener una compensación por la propiedad que ahora detenten. Contempla la normativa que la carga de la prueba se invierte para favorecer a la víctima de desplazamiento para demostrar su posesión o propiedad, teniendo en cuenta que en el campo colombiano la precariedad de títulos es general.
La senadora Cabal se ha distinguido por su rechazo absoluto a la paz negociada desde cuando se iniciaron los diálogos en La Habana. Pero aún antes de eso ha sido una caracterizada defensora de los grandes ganaderos, latifundistas y agroindustriales. Su esposo es el gerente de Fedegan, organización que agrupa a ganaderos, aunque organizaciones de ese mismo gremio tienen críticas a su gestión. Hace un año el Gobierno de Santos les quitó el manejo del Fondo del Ganado por supuestos malos manejos financieros.
La posición ideológica ciega a la senadora; fue ella quien manifestó a la muerte de García Márquez que ya estaría en el infierno reunido con Fidel. Y cuando en el inicio de los diálogos en La Habana el jefe negociador del gobierno y el Alto Comisionado para la Paz quisieron desarrollar una reunión en el muy exclusivo Club El Nogal, encontraron el sitio forrado en mensajes de rechazo a las conversaciones con las FARC auspiciadas por la senadora. Ella hace las delicias de las redes sociales, que encuentran en sus declaraciones tema de burla suficiente para presentarla como la representante más conspicua de la caverna.
Ante su arremetida contra la ley de restitución de tierras, los eurodiputados enviaron una carta a la comisión primera del Senado expresando su preocupación porque la consideran un obstáculo para avanzar en la devolución de las tierras usurpadas a sus legítimos dueños.
Dicen los diputados en su comunicación: “Nos preocupa este proyecto de ley porque podría resultar contrario al buen desarrollo del proceso de paz, toda vez que negaría el legítimo derecho de las víctimas, para en cambio dar prioridad a proyectos agroindustriales e inversiones extranjeras en sectores extractivos, sobre tierras que han sido despojadas en el marco del conflicto armado colombiano” y piden retirar el proyecto, tal como han pedido las organizaciones de víctimas.
El presidente del Centro Democrático, expresidente Álvaro Uribe Vélez intentó censurar un documental porque dice que lo presentan a él y a uno de sus más fuertes aliados, el exministro Londoño Hoyos –quien dijo que había que hacer trizas los acuerdos de paz– porque considera que eso es una calumnia. No hemos sabido que se haya opuesto a este proyecto de una de sus senadoras más cercanas. ¿Viendo esta propuesta y sus consecuencias, qué calificativo tendríamos que darle?