Zheger Hay HarbLa nota colombiana
El general ® Mario Montoya, ex comandante del ejército, tristemente célebre por su papel en las ejecuciones extra judiciales, ha comparecido ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) donde ya firmó el acta de sometimiento a ella.
Es el más alto oficial –uribista- que comparece ante esta jurisdicción para resolver los expedientes que tiene en ella y que están también en la ordinaria sin ejecutoria definitiva.
Fue el escudero de Uribe desde cuando éste era gobernador de Antioquia. La de los falsos positivos no es la única página negra en su historia: en 2005 comandó la masacre de la comunidad de paz de San José de Apartadó en el noroccidente colombiano y en sus batidas contra el Frente V de las FARC resultaron muertos seis niños y cinco campesinos; comandó el asalto a la Comuna 13 de Medellín -Operación Orión- bajo órdenes de Uribe, sobre lo cual la personería de Medellín denunció que personas que fueron detenidas no volvieron a aparecer y ya se ha comprobado judicialmente que el ejército actuó conjuntamente con los paramilitares de alias Don Berna y, con el pretexto de expulsar a los milicianos del ELN, asesinaron a muchos inocentes sin que a la fecha se conozca el número total de desaparecidos.
También está implicado en la falsa desmovilización de un inexistente bloque guerrillero al que dieron el nombre de Cacica Gaitana, por el cual está huyendo el comisionado de paz de Uribe y quien dijo: “El general Mario Montoya fue el que llevó a los periodistas. Lo único que a mí me tocaba era recibir el listado para verificar las identidades”.
Montoya fue el gran comandante de la Seguridad Democrática de Uribe y tuvo éxitos notables como la operación Fénix en que resultó muerto Raúl Reyes, comandante de las FARC, en territorio ecuatoriano, lo cual acarreó un serio problema diplomático con el vecino país y la Operación Jaque en que fue liberada Ingrid Betancourt, tres mercenarios norteamericanos y varios políticos y militares secuestrados por la guerrilla.
Pero la Seguridad Democrática exigía a los militares que mostraran mayores resultados en número de víctimas para justificar la validez de esa doctrina, lo cual llevó a una especie de competencia macabra entre oficiales, soldados y guarniciones militares para ver quién mostraba mayor eficacia en el exterminio de guerrilleros.
“Quiero ríos de sangre” decía el general Montoya, según han declarado oficiales ante la justicia ordinaria. Quienes mostraran bajas recibían premios en dinero, permisos y ascensos. Hasta cuando la competencia fue escalando en el horror y tuvieron que buscar, ante la imposibilidad de acabar con la guerrilla, víctimas inocentes para presentarlas como bajas en combate.
Fueron más de 3,000 los muchachos, escogidos en los sectores más humildes de las ciudades, en sus cinturones de miseria, asesinados a sangre fría para ser presentados como guerrilleros. La fiscalía general entregó a la JEP el informe ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates por agentes del Estado’ en el que documenta 2,248 víctimas en casos ocurridos entre 1998 y 2014, “siendo el período con mayor victimización los años comprendidos entre 2006 y 2008 con el 59.3 por ciento de los casos”. Esto es, los años en que Montoya fue comandante del ejército sin que eso quiera decir que antes no tuviera participación en ese tipo de delitos.
En 2008 estalló el escándalo porque las madres de varios de esos muchachos, humildes habitantes de los barrios más pobres de Soacha, municipio conurbado a Bogotá, empezaron a buscar a sus hijos hasta encontrarlos muertos, presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Se descubrió que un grupo de personas que se presentó como empresarios ofreciendo empleo, los “contrató” para trabajar en Ocaña, en el otro extremo del país y desaparecieron hasta cuando sus madres los encontraron en una morgue. Demostraron que sus hijos vivían con ellas hasta cuando desaparecieron, que los uniformes con que los disfrazaron estaban intactos mientras sus cuerpos presentaban impactos de bala, que quienes eran zurdos aparecieron empuñando armas con la mano derecha, que un chico que padecía retardo mental fue presentado como combatiente y dieron pruebas hasta demostrar que habían sido asesinados por el ejército en complicidad con paramilitares.
Cuando las madres hicieron públicas sus denuncias porque sus hijos hubieran aparecido muertos en sitios tan lejanos, el entonces presidente Alvaro Uribe ironizó sobre el caso para justificarlo: “seguramente no estaban recogiendo café”. Ahora la extensión de su mano para cometer éstos y otros crímenes, comparece ante la justicia especial pactada en los acuerdos de paz.
Montoya se niega a aceptar su responsabilidad en estos asesinatos y ha pedido que no se reconozca a las víctimas de los falsos positivos en el proceso. ¿Cómo entonces piensa cumplir con el requisito indispensable para recibir los beneficios de la justicia transicional de verdad y reconocimiento, reparación y garantías de no repetición a las víctimas? Las madres han hecho plantones ante el tribunal para exigir que el general ® diga la verdad; que no se presente ante ella sólo buscando beneficios en rebaja de penas sino que cumpla ese requisito indispensable para hacerse acreedor a ellos.
Y conociendo su tenacidad hay bases para esperar que en este caso por fin conozcamos las dimensiones del abismo en que estuvimos sumidos por más de medio siglo.