Zheger Hay Harb
La nota colombiana
El gobierno colombiano pretende obligar al Estado cubano a que desconozca los protocolos firmados solemnemente entre ambos Estados para posibilitar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-.
Para ello ha llegado hasta la mezquindad de colocar a su aliado en la situación imposible de capturar y extraditar a quienes él mismo le pidió recibir en su territorio. Como establece el Derecho Internacional, el entonces presidente de Colombia y el de la República de Cuba firmaron al efecto un protocolo en representación de sus Estados.
Allí se pactan las reglas de juego para la negociación y la manera como debería procederse en caso de que se rompieran: suspensión de actividades militares por 72 horas, en áreas acordadas entre las partes, cuyas coordenadas, que debería llevar uno de los miembros del ELN que sería trasladado, debían ser entregadas a los países garantes y al gobierno colombiano 48 horas antes del inicio de las operaciones. Los helicópteros estarían en tierra sólo una hora después del aterrizaje y desembarco de la delegación. En caso de que se incluyera tránsito por Venezuela, se contaría con el acompañamiento de representantes de ese gobierno y de al menos otros dos países garantes hasta el aeropuerto que se defina en ese país. En ese territorio, el ELN “se trasladará bajo la responsabilidad del gobierno de ese país”.
No es la primera vez que en Colombia se acuerda algo semejante: en el gobierno de César Gaviria cuando adelantaba conversaciones de paz en Tlaxcala (México) con la Coordinadora Guerrillera (FARC, ELN y EPL) (1991-1992) y las rompió porque el EPL secuestró y asesinó al ex ministro Argelino Durán, los guerrilleros fueron devueltos a Colombia acompañados por garantes internacionales y funcionarios del gobierno; cuando Andrés Pastrana terminó las conversaciones de paz en El Caguán (1998-2002) con las FARC porque esa guerrilla secuestró un avión y mantuvo en su poder al senador Jorge Gechem Turbay, uno de sus ocupantes, el gobierno les dio 48 horas para abandonar la zona de distensión. Igual ocurrió cuando en el 2007 el entonces presidente Alvaro Uribe levantó la mesa de negociación con el ELN que había sostenido primero en La Habana y luego en Caracas y en 2017, cuando revocó la autorización que había dado al presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba para que mediaran en la liberación de secuestrados, los guerrilleros pudieron regresar a Colombia de acuerdo con el protocolo que habían acordado.
Pretender que esos pactos no tienen validez porque los firmó el gobierno anterior es un absurdo jurídico y político. Mañosamente quisieron presentar la declaración del Consejo de Seguridad de la ONU que rechaza el terrorismo como un espaldarazo al gobierno en su negación del compromiso con Cuba, pero ese comunicado es un documento proforma para todos los casos de actos terroristas; no habla de protocolos ni de que Cuba debe entregar a los guerrilleros.
Es impensable que la ONU actúe en contra de un principio del derecho que desde primer semestre conocen los estudiantes de Leyes y Ciencias Políticas: pacta sunt servanda: lo pactado obliga. Y, en palabras de la Convención de Viena: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Así, cuando un jefe de Estado firma –y en el régimen presidencialista de Colombia, el presidente es el jefe de gobierno y jefe de Estado- lo hace a nombre del Estado al que representa y no a título personal o de su gobierno. Si eso no fuera así, en virtud de qué el alto comisionado para la paz de Duque -que ahora se llama para la legalidad (¿?)- el año pasado mantuvo 7 conversaciones telefónicas con delegados del ELN luego de las cuales sostendrían un encuentro en Oslo que el gobierno de ese país ya había preparado. Juanita Goebertus, del equipo de paz del gobierno Santos, asegura que ese funcionario se reunió por lo menos en 5 ocasiones en su despacho con Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez, gestores de paz del ELN y tuvo comunicación permanente con los diplomáticos cubanos en Bogotá para que Cuba aceptara ser garante en un eventual proceso de paz con esa guerrilla.
Colombia fue quien solicitó a Cuba ese apoyo, así como lo hizo con Noruega, también garante en las negociaciones con las FARC, que, como era obvio esperar, ya ha declarado que los protocolos deben respetarse.
Kai Ambos, el gran experto en derecho internacional, rechaza la acción del ELN, recuerda que de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario la policía no es combatiente como sí lo es el ejército y no puede por tanto ser objetivo militar. Contra la afirmación del jefe negociador de la guerrilla en el sentido de que ellos habían actuado en legítima defensa, lo desmiente porque ello sería válido si hubieran actuado dentro de los parámetros establecidos por el DIH (proporcionalidad y discriminación) pero un atentado de esa clase es desproporcional e indiscriminado.
En su opinión los protocolos al ser firmados por el Estado colombiano y los países garantes, tienen el carácter especial de acuerdo internacionalizado, que sólo obliga en caso de ruptura de negociaciones pero es vinculante para los firmantes. Con eso queda desvirtuada la bizarra teoría del gobierno colombiano de que ese pacto no es obligatorio porque no pasó por el Congreso de la República ni la Corte Constitucional.
Cómo será de absurda esa pretensión que los partidos políticos que apoyaron al gobierno en rechazo al atentado se negaron a firmar el desconocimiento del protocolo. Nadie quiere cargar con la responsabilidad de dejar a Colombia como país que incumple sus acuerdos. Eso en el plano internacional, porque en el interno significaría cerrar la puerta a la posibilidad de futuras negociaciones de paz que, quieran o no, en este gobierno o en el que lo sustituya, tendrán que adelantarse porque la historia enseña que en este país ninguna guerrilla ha sido derrotada militarmente aunque lo esté en el plano político.