Jorge Gómez Barata
El próximo 10 de octubre la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba pudiera iniciar una “revolución institucional”. Ese día serán electos el Presidente de la República y otros altos cargos abolidos por la Revolución que suprimió la estructura institucional republicana, y todavía intenta crear una nueva arquitectura.
Después de que, en la práctica, entre 1959 y 1976 la presidencia de la república, con un contenido ceremonial, fuera desempeñado durante unos meses por Manuel Urrutia Lleó y Osvaldo Dorticós Torrado por más de tres lustros; cuarenta y tres años después de que el cargo fuera abolido por la Constitución de 1976, otra vez Cuba tendrá un presidente.
Desde entonces y hasta hoy la máxima jerarquía estatal radicó en los consejos de Estado y de Ministros, cuya jefatura desde 1976 hasta 2008 desempeñó Fidel Castro, que en la práctica ejerció su liderazgo como Máximo Líder de la Revolución y Comandante en Jefe, y sólo en algunos eventos protocolares se le llamó “presidente”. Lo mismo ocurrió con su sucesor Raúl Castro.
La condición de presidente de la república que continuara Díaz-Canel, comenzó en 1901 con la elección de Tomas Estrada Palma, con quien se inició una secuencia, que con traumas diversos, se tejió a lo largo de 52 años con otros 21 mandatarios, de los cuales diez fueron electos. Otros nueve ejercieron el cargo por sustituciones o imposiciones, mientras Urrutia y Dorticós lo hicieron por designación de la Revolución. Gerardo Machado y Fulgencio Batista, después de ser elegidos, se convirtieron en dictadores depuestos por sendas revoluciones.
En ningún país las elecciones despiertan grandes expectativas. Ello se debe a que la vida de las personas no depende de los gobiernos. En Cuba no ocurre así porque la naturaleza de su sistema político y del modelo económico es básicamente asistencialista. En la Isla el destino individual y colectivo del pueblo se asocia en grado superlativo a la gestión gubernamental.
Además de las funciones exclusivamente gubernamentales como defensa, seguridad, administración, y servicios públicos, así como la política y las relaciones exteriores; el gobierno y el Estado cubano orientan, dirigen, y administran la economía, proveen el trabajo (excepto para los cuentapropistas), proporcionan alimentos subsidiados, establecen la cuantía de los salarios, las jubilaciones, y las prestaciones por seguridad social, operan los sistemas de salud e instrucción, rigen los medios de difusión masiva, financian y dirigen la actividad científica, el deporte, y la cultura, edifican y asignan viviendas, orientan al movimiento sindical y a las organizaciones sociales.
En Cuba el Estado es omnisciente porque lo sabe todo, todopoderoso porque lo puede todo, y posee el don de la ubicuidad, que le permite estar en todas partes a la vez. Estas circunstancias, que han sido una fortaleza del sistema vigente, al desfasarse, exagerarse, y presentar deficiencias, han comenzado a figurar entre sus debilidades.
El 10 de octubre comenzará para Cuba una nueva etapa histórica, en la cual, entre otras cosas, será preciso completar las reformas, edificar el estado de derecho, y el sistema judicial, continuar trabajando para avanzar en la normalización de las relaciones con Estados Unidos y atenuar el bloqueo, tareas que le corresponderá conducir al nuevo gobierno, especialmente al Presidente.
En esa fecha habrá humo blanco y, aunque en medio de dificultades tremendas y graves expectativas de riesgo, entre ellas un bloqueo petrolero; apelando a sus reservas de optimismo y esperanza el pueblo cubano podrá proclamar: ¡Habemus presidente! ¡Viva el presidente!