Zheger Hay Harb
La nota colombiana
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, comparte con la Virgen María la cualidad de atravesar situaciones difíciles “como pasa la luz a través de un cristal sin romperse ni mancharse”, tal como me enseñaban en el Catecismo del Padre Astete, en mi ya lejana infancia.
En efecto: son ya muchos los casos en que el fiscal sale sin ninguna salpicadura a pesar de que los demás involucrados resultan condenados por la justicia ante la cual él actúa como investigador-acusador. Claro que el esclarecimiento de esos casos no se lo debemos a su actividad como jefe de la fiscalía sino, por el contrario, a pesar de ella.
Hace pocos días una jueza fue condenada por haber recibido, según su confesión, cien millones de pesos por parte del empresario Carlos Mattos, configurando el delito de cohecho. El Consejo Superior de la Judicatura ordenó revisar el expediente que la fiscalía general tiene sobre el caso de la jueza. El asunto no pasaría de ser uno más de los que desafortunadamente se presentan en el sistema de justicia, de no ser porque el abogado de quien sobornó a la operadora judicial era el hoy fiscal general Néstor Humberto Martínez y es muy difícil pensar que Mattos decidiera realizar esa acción sin que su abogado de confianza estuviera al tanto. En el escrito de acusación la fiscalía ni siquiera menciona ese hecho. Ordenó, en cambio, investigar también al oficial mayor del despacho de la jueza sobornada y programó audiencia de imputación contra el empresario, pero a nadie en esa entidad se le ha ocurrido que el hoy fiscal general por lo menos tenga algo que ver. Nada. Impoluto.
Ese hecho hace recordar cuando en tiempos de Uribe una congresista fue condenada por haber recibido sobornos para aprobar la reelección de éste, pero sin que quienes los dieron resultaran investigados. Es decir, alguien recibió pero nadie se lo dio.
En el caso más sonado de los últimos tiempos, los sobornos de Odebrecht a altos funcionarios en Colombia, varias cabezas de esa empresa brasilera han aceptado su participación en los hechos, entre otros para la adjudicación de una gran obra de infraestructura vial a una compañía de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de quien el hoy fiscal general era abogado de confianza. Están grabados los audios en que el auditor de esa empresa conversa con este y le confía que ha encontrado serias irregularidades; en respuesta, siendo un abogado muy avezado, le enumera los delitos que se habrían configurado y se ríe socarronamente mientras hace el listado.
Pues ya siendo fiscal general a ese abogado no se le ocurrió que debía adelantar investigación por esos delitos. Extrañamente el auditor resultó muerto en circunstancias poco claras y el director de Medicina Legal renunció a su cargo porque “no vio” o analizó mal indicios y pruebas de esa muerte. Dos días después su hijo murió envenenado con cianuro cuando bebió de una botella de refresco que encontró en el escritorio de su padre.
Como si no fuera ya bastante extraña esta serie de rarezas, hace una semana apareció muerto –al parecer por suicidio– un testigo de uno de los casos de esta maraña de corrupción. También por ingerir cianuro. Asimismo, era testigo estrella del caso que involucra al antiguo jefe del fiscal general. Y el fiscal ahí, impertérrito, dictando clases de moral y de combate a la corrupción.
Por lo que alcanza a vislumbrarse de esa cloaca de corrupción, que permite cuestionar éticamente al fiscal, en el país se ha generado una ola de repudio contra él de la cual vino a salvarlo el estúpido e inexcusable atentado del ELN a la escuela de policía en la cual murieron 20 cadetes que apenas empezaban a vivir.
La ola de atentados al oleoducto en lo cual se ha especializado esa organización, la última de las cuales ha ocasionado un daño al parecer irreparable al río Catatumbo y varios de sus afluentes cerca de la frontera con Venezuela, que ha dejado sin agua potable a una considerable región, especialmente en su zona rural, le sirven de mampara al fiscal para tapar lo maloliente de su trayectoria y arreciar sus ataques a todo lo que huela a proceso de paz.
La visita actual del presidente Duque a Estados Unidos, a donde fue a arrodillarse ante Trump y a brindarle nuestro territorio para que le muestre los dientes a Venezuela, ha cerrado el círculo en defensa del fiscal general. Ya no se habla más de su posible complicidad en el cohecho y los otros casos de corrupción. Ya quedó opacada la presión por su renuncia. Ahora los temas son Venezuela, el apoyo financiero y militar a la lucha contra el narcotráfico (en lo que tiene que ver con Colombia, porque la cadena de distribución en Estados Unidos es intocable) y el ataque soterrado pero constante a los acuerdos de paz.
El repudio a las acciones al ELN no es solo de la derecha que aprovecha para llevar agua a su molino; también la oposición de izquierda, incluida la FARC ha mostrado su rechazo, pero parece que este no ha llegado hasta los oídos de esa guerrilla.