Zheger Hay Harb
La nota colombiana
La Justicia Especial de Paz –JEP- en medio de los ataques a que está siendo sometida, ha recibido un espaldarazo sorprendente por parte de los militares que se acogieron a ella.
Como muchos de los reproches que recibe son precisamente argumentando que rebaja a los miembros de la fuerza pública al mismo nivel de los “bandidos” de la guerrilla, esta defensa se convierte en una refutación contundente a esos ataques. Argumentando que buscan reivindicar la dignidad de los militares, el ex presidente Uribe y su partido han querido crear una sala especial para juzgarlos y luego, frustrado ese intento, nombrar 13 magistrados con dedicación exclusiva a esos procesos.
Ante los fracasos de sus intentos anteriores ahora el presidente se niega a firmar la ley estatutaria que le daría vida jurídica a la JEP aduciendo razones de conveniencia nacional. De nada ha valido el pronunciamiento de la Corte Penal Internacional y países amigos instando al presidente a sancionar la ley. Pero ahora sus supuestos defendidos les dicen, como acostumbramos en el Caribe: No me defiendas, compadre.
En rueda de prensa 15 militares que ya recibieron beneficios en la justicia transicional le piden al presidente que firme la ley porque de lo contrario ellos serían sometidos a la justicia ordinaria y tendrían que regresar a la cárcel. La justicia de paz prevé que quienes estando bajo la legislación normal se acojan a la normativa de paz podrán recibir el beneficio de libertad condicional como ha ocurrido en el caso de estos uniformados. Pertenecen a los batallones que cometieron esos delitos atroces en la región del Catatumbo y la costa pero no son los únicos que deben ser enjuiciados por ellos. Está por ejemplo el caso de la Operación Orión en Medellín en 2002 realizada por el ejército conjuntamente con los paramilitares, con saldo de desaparecidos por lo cual la Nación fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Actualmente, como ocurre con cierta periodicidad, ha aparecido el debate sobre esa acción, esta vez por cuenta de la denuncia del senador Gustavo Petro contra el ex presidente Uribe y la actual vicepresidente, en aquel entonces su ministra de Defensa, como responsables políticos de esos hechos.
Ante el tribunal de la JEP han declarado ya 55 militares acusados por falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, como jurídicamente se denominan. Sus versiones se han presentado en privado y a los procesos se han acreditado 162 víctimas. Los comparecientes se comprometieron a esclarecer los motivos que llevaron a la fuerza pública a esta atrocidad y deberán repararlas y comprometerse a la no repetición de los delitos.
El senador Roy Barreras, del partido Cambio Radical, quien participó en la rueda de prensa advirtió: “Son 23 los generales y seis coroneles que tienen procesos de admisibilidad ante la CPI. Si la JEP no entra a operar, lo ha dicho el vicefiscal de la CPI, dicha corte procede para empezar con esos generales y oficiales que es con los que lleva cinco años de adelanto en el proceso de investigación, y luego con los comandantes guerrilleros, empresarios y políticos cómplices del paramilitarismo”.
El partido liberal, del cual es miembro el ex jefe negociador del gobierno en el proceso con las FARC, ha dicho que “no cuenten con el partido liberal para acabar con la JEP.
El problema radica en que Duque no es realmente quien decide: el verdadero poder lo tiene Uribe y está decidido a acabar con la JEP como ha dicho abiertamente. Para el presidente la situación es difícil porque negarse a firmar la ley estatutaria lo colocaría como el asesino de la esperanza de paz de Colombia -en el plano nacional- y ante el concierto internacional eso tiene un costo político muy alto, que sólo él tendría que cargar. Pero sabe que desobedecer a Uribe lo dejaría en una situación también difícil porque no tiene ninguna experiencia administrativa ni fuerza propia y ha demostrado ser poco hábil políticamente; su única fuerza política está en el apoyo de Uribe y la caverna.
El ejemplo de Santos, quien tuvo que cargar durante todo su gobierno con la lápida de la oposición cerrera de Uribe debe estar pesando en el ánimo de Duque. Y sabe bien que él no es Santos: no tiene su experiencia como ministro varias veces y embajador, además de haber crecido en las entrañas del poder por ser sobrino nieto de presidente de la República y miembro de la familia dueña del periódico más importante del país, que hace unos años ponía y quitaba presidentes. Santos sabía que necesitaba el apoyo de Uribe para subir pero también era consciente de que contaba con posibilidades reales de conseguir apoyos propios y, con una cierta condescendencia, debía mirar sus diferencias con quien tiene maneras rurales y comportamientos de capataz.
Duque tiene un discurso ambiguo que en ocasiones se presenta como conciliador, pero sabe muy bien que no tiene autonomía de vuelo y que las decisiones que le imponen están en contradicción con ese ánimo.