Adriana Robreño
Crónicas brasileñas
Víctima de una farsa jurídica que le impidió postularse para las elecciones de 2018, Lula pudiera estar hoy más cerca de la libertad. El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) redujo este martes por unanimidad una condena por corrupción que no debería existir contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el 7 de abril de 2018. Mientras unos ven la decisión con optimismo, otros la repudian.
Si bien mantener al líder del Partido de los Trabajadores (PT) tras las rejas forma parte del fraude judicial al conservar una condena injusta, sin pruebas, esa decisión de los magistrados de la tercera instancia judicial brasileña muestra que con el desgaste de la operación Lava Jato y el crecimiento de la solidaridad internacional, fue necesario retroceder en la cantidad de años de la condena.
Además, cabe señalar, que el STJ –que no es la máxima corta del país suramericano- sólo analizó las meras formalidades del proceso sin llegar al contenido de la sentencia. Por primera vez un tribunal superior señaló abusos de la segunda instancia judicial y del magistrado Sergio Moro, quien ahora funge como ministro de Justicia.
Inicialmente, Moro condenó al ex mandatario a nueve años y medio de prisión, en una sórdida y repugnante alusión a los dedos que tiene Lula, víctima de un accidente de trabajo cuando laboraba como obrero metalúrgico. Luego, otro tribunal aumentó la pena a 12 años y un mes.
El engaño de la supuesta compra del ya famoso tríplex de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con la petrolera estatal Petrobras, fue constituido como elemento de prueba por parte del Ministerio Público que, ante la ausencia de elementos fácticos para demostrar su tesis, afirmaron públicamente tener sólo la “convicción”.
Ahora, por primera vez desde que comenzó la persecución judicial para impedirle llegar a la presidencia, el líder de la izquierda recibe un fallo favorable y ve su pena reducida a 8 años y 10 meses. Esa decisión le posibilitará en poco tiempo beneficiarse del régimen semiabierto, lo que puede ocurrir en setiembre u octubre, con lo cual, de acuerdo a las normas brasileñas, podría pasar el día fuera de la cárcel a la que retorna por la noche. La reducción de la condena debe tener en cuenta también que el imputado tiene más de 70 años y sufrió un cáncer a la laringe diagnosticado en 2011.
Pese a la noticia, desde su celda en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, Lula protestó: “El problema no es reducir la pena, la pena tiene que ser cero (…) hasta ahora no tuve derecho a un juicio justo”. Le dijo al diputado del PT Emidio de Souza que la lucha tiene que continuar. “De la misma forma que fui juzgado políticamente voy a ser liberado políticamente por la resistencia del pueblo”, enfatizó el ex dirigente obrero en un mensaje trasladado por sus abogados.
Además de disminuir la pena, los magistrados del STJ recortaron la multa que el ex presidente debería pagar por los supuestos crímenes de 16 a 3 millones de reales, o sea de 4 millones a 750 mil dólares aproximadamente. Sólo con ese pago, podría acceder a ciertos beneficios en el proceso, por lo que abogados y amigos ya se preparan para organizar una colecta virtual de esos fondos.
Por otro lado, para este viernes se esperan las dos primeras entrevistas de Lula en prisión. Los diarios Folha de Sao Paulo y El País fueron los primeros medios en obtener la autorización judicial para conversar en prisión con el político y lo harán de forma conjunta.
Lula, el presidente más popular y festejado de Brasil, fue elegido para ser el trofeo de éxito de una operación que supuestamente acabaría con la corrupción. Fue transformado en enemigo, demonizado, tiene su vida y la de su familia expuestas de todas las formas, para destruir su imagen.
Con otro capítulo de esa farsa jurídica, no pierde sólo Lula. Pierde la democracia. Pierde Brasil.