Zheger Hay Harb
Ante las denuncias por el envenenamiento de los campesinos y sus cultivos por causa del glifosato que el gobierno se empeña en restablecer, la inefable vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, ha dicho que el agua puede ser más dañina que ese veneno.
En el acuerdo de paz se aprobó que para combatir el narcotráfico se debía desarrollar la erradicación manual voluntaria de los sembrados de coca, que debía complementarse con erradicación obligatoria a cargo del Estado. Como los campesinos la siembran como única vía para derivar su sustento, esos cultivos deberían ser sustituidos por otros, legales, pero garantizando su comercialización mediante la construcción de vías que les permitan llevarlos a los centros de expendio y el copamiento de esas regiones por el Estado mediante la provisión de los servicios indispensables para una vida digna.
Pero se desmovilizaron las FARC y el Estado dejó a la deriva los territorios donde ellas se asentaban y disidentes de esa guerrilla, el ELN y fuerzas oscuras que se escudan bajo rótulos como el de Aguilas Negras, que evocan épocas siniestras, entraron a reemplazarlas.
El Estado, en el mejor de los casos, sólo se ha hecho presente allí mediante el ejército, pese a lo cual el asesinato de líderes sociales y de desmovilizados de las FARC sigue en aumento, sin que se capture o se identifique a los responsables. Todos los días el gobierno anuncia supuestos triunfos de sus organismos de inteligencia: detectar, por ejemplo, que la minga indígena estaba infiltrada por guerrilleros; el ministro de Defensa anunció que el presidente no podría ir a dialogar con los indígenas porque informes de inteligencia habían detectado que se preparaba un atentado en su contra; esos mismos servicios han comprobado supuestamente que en las universidades públicas hay infiltrados que son los organizadores de las marchas y protestas. Pero esos tan eficientes investigadores no han podido detectar, ni en un solo caso, quiénes son los responsables de los asesinatos de líderes sociales ni quiénes se esconden tras ese título de Aguilas Negras.
Pero tal vez soy injusta; acabamos de tener pruebas de una investigación exitosa: tras el asesinato de un ex miembro de las FARC ocurrido la semana pasada dentro de una instalación del ejército (el cadáver presentaba evidencias de violación y castración, así como tres tiros que le destrozaron el cráneo y la cara y otro que le perforó una pierna) el ministro de Defensa, basado en sus servicios de inteligencia, concluyó casi de inmediato que la muerte se había producido en un forcejeo para arrebatarle el arma a un uniformado.
La decisión del gobierno de revivir las aspersiones aéreas con glifosato, sin limitación alguna ha reactivado una polémica que creíamos superada y la Corte Constitucional, que ya en el pasado había emitido una sentencia que ponía límites a su empleo, realizó una audiencia pública a la cual citó al ex presidente Santos y al presidente Duque para oír sus argumentos. Este le pidió a la Corte que no limite de ninguna manera su uso, mientras Santos afirmó que sería un error volver a la aspersión aérea. Con cifras demostró que mientras él fue ministro de Defensa se incrementó al máximo la aspersión aérea y sin embargo los cultivos aumentaron y la producción de cocaína se disparó; en cambio, durante su presidencia, mientras se negociaba el acuerdo de paz y se suspendió esta práctica, el área cultivada disminuyó, por lo cual es erróneo establecer una relación directa entre aspersión y disminución de la producción; aseguró que “mientras haya consumo y prohibición, habrá mafias que se lucran de las rentas ilícitas” y abogó por la legalización de las drogas, con regulación de la oferta y control del consumo como ya se hace en varios países. Pero, aceptó, esta decisión debe ser tomada por la comunidad internacional y no por un solo país.
El ex ministro de salud de Santos, también participante en la audiencia, citó un estudio del Centro Internacional de Investigaciones sobre el cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que concluye que existe un posible nexo causal entre exposición al glifosato y algunos tipos de cáncer”, mientras que el ministro actual, con base en conceptos de entidades del Estado, concluye lo opuesto.
Son dos visiones distintas de país: uno que aborda el problema de las drogas como uno de salud pública y otro que, obedeciendo a la presión de Trump, considera que la represión es el único camino, a pesar de que la evidencia muestra lo contrario. Pero de nada le ha servido su obediencia, Trump lo ha regañado, lo ha ridiculizado y ha puesto a Colombia en una posición de sumisión vergonzosa.
El apoyo al glifosato no es inocente: tal como se informó en la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa tiene intereses en el asunto y la decencia debería llevarlo a declararse impedido en el asunto, puesto que cuando era presidente de Fenalco (agremiación de comerciantes) promovía su uso y como presidente de la Cámara de Comercio defendía a Bayer, que compró a Monsanto. ¿Será por eso que el embajador de Estados Unidos defiende acaloradamente este herbicida?
Es posible que en este tema el gobierno resulte derrotado, como lo fue en el Congreso con sus objeciones a la JEP que tan tramposamente trató de imponer. Ya veremos entonces a los uribistas, siguiendo la tesis de la vicepresidenta, intentando suicidarse con agua ya que el glifosato les parece tan saludable.