Por Adriana Robreño
A doña Deusa la conocí en el 2017 en un evento sobre agroecología en Brasilia. A sus 67 años, ella ha vivido y trabajado siempre en un quilombo (comunidad donde viven descendientes de africanos) en las afueras de la capital del país. Según me contó, su familia se dedica a producir y comercializar alimentos cien por ciento naturales porque, aunque no les resulta muy lucrativo, “el uso de agrotóxicos causa mucho mal a la salud, son veneno puro”.
Tiene mucha razón doña Deusa. Un estudio divulgado en 2018 revela que cerca de 40 mil personas fueron atendidas en el sistema de salud brasileño de 2007 a 2017, luego de su exposición a los agrotóxicos. Los médicos confirmaron que, de esa cifra, 26 mil pacientes sufrieron de intoxicación a partir de síntomas clínicos como: náuseas, diarreas y problemas respiratorios. Los exámenes determinaron también la presencia de alteraciones bioquímicas en la sangre y la orina.
Sin importar nada de eso, el Ministerio de Agricultura de Brasil formalizó el martes 21 de mayo una licencia para el registro de más de 31 nuevos agrotóxicos. De esa forma, suman 169 defensivos agrícolas autorizados sólo en los cinco meses del gobierno de Jair Bolsonaro, según una nota divulgada en la prensa local.
Bajo el argumento de aumentar la producción, el Ejecutivo promueve el envenenamiento de los productos dirigidos a la mesa del pueblo brasileño e incluso a la exportación, lo cual a largo plazo conllevaría a la pérdida de compradores foráneos, pues la tendencia internacional va encaminada a reducir los agrotóxicos.
Además, la Ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa, concedió entre enero y abril 152 licencias para el registro de nuevos agrotóxicos en el territorio, algunos de ellos prohibidos en mercados como el europeo y el estadounidense.
Tres de los agrotóxicos recién autorizados por el ejecutivo bolsonarista tienen glifosato, un compuesto asociado al cáncer y vinculado a procesos legales multimillonarios en Estados Unidos. No es casual que en la ciudad brasileña de Teresina, al extremo Noreste del país, se detectara leche materna contaminada con glifosato; en mujeres que no son trabajadoras rurales. Entonces, pero ¿de dónde viene el glifosato? Los estudios determinaron que se contaminaron mediante el agua de beber.
Desde el golpe a la presidenta Dilma Rousseff, el número de agrotóxicos autorizados en Brasil crece año tras año. En 2015, por ejemplo, el Ministerio de Salud había aprobado el uso de 139 tipos de estas sustancias, mientras que en 2018, eran 450 los defensivos agrícolas permitidos.
Mientras tanto, se puede afirmar que el gigante suramericano es el país del mundo que más consume alimentos cultivados con ese tipo de sustancias químicas nocivas para la salud y es uno de los lugares donde más se ha expandido el agronegocio, la forma de producción que emplea esos productos para incrementar el rendimiento.
Como alternativa, organizaciones sociales asociadas al campo como el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), han logrado expandir poco a poco la agroecología, y junto con ella la producción libre de sustancias químicas. Sin embargo, aún no es suficiente.
“No es posible hacer ahora agroecología en un país grande como Brasil sin una reforma agraria verdadera, completa, con distribución de las tierras. El latifundio aún predomina en Brasil, y hoy es controlado por el agronegocio, que nada más es un nuevo pacto de poder controlado por la banca internacional”, asegura Frei Sergio, uno de los líderes del MPA.
Prácticamente todo lo que se consume en Brasil es tóxico, aunque nadie lo vea o tenga sabor. Excepcionalmente existen alimentos orgánicos como los de doña Deusa y los que cultivan los miembros del MST y el MPA, pero lo cierto es que cada día está en la mesa el veneno silencioso que llena los bolsillos de terratenientes y dueños de grandes transnacionales, a costa de la salud de todos los brasileños y de quienes compran sus productos.