
La comunidad pesquera de Dzilam de Bravo se encuentra nuevamente de luto tras confirmarse el fallecimiento de un joven originario de Campeche, quien radicaba en el puerto y perdió la vida mientras cumplía labores de buceo en altamar.
El ahora fallecido fue identificado como Pablo D.P.G., de 27 años de edad, quien murió a causa de una descompresión mientras buceaba junto con su padre y hermano en busca de especies marinas como pulpo y mero. La carencia de una cámara hiperbárica en la región fue un factor determinante en el desenlace fatal.
De acuerdo con vecinos y conocidos, la familia del joven se dedicaba a la pesca furtiva, actividad que contraviene las disposiciones de veda vigentes. La pesca ilegal en Dzilam de Bravo es motivo de múltiples denuncias por parte de pescadores locales y ha derivado en operativos de las autoridades en la zona.
Con el traslado de Pablo al hospital quedó al descubierto otro ángulo de esta red ilícita: su presunto patrón, un hombre de apellido Palma, señalado por la comunidad como uno de los principales compradores de productos en veda. Este mismo individuo, al parecer, está relacionado con un caso similar en el 2017, cuando otro pescador campechano murió en circunstancias prácticamente idénticas.

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La descompresión, conocida también como “la enfermedad de los buzos”, ocurre cuando un buzo asciende de manera brusca a la superficie tras permanecer a grandes profundidades. El cuerpo, al absorber nitrógeno durante la inmersión, puede generar burbujas en el torrente sanguíneo durante un ascenso rápido, lo que ocasiona daños severos en órganos vitales. Este riesgo es común en la pesca furtiva, donde las inmersiones suelen ser más prolongadas y profundas.
Al joven lo trasladaron en la embarcación hasta la playa del puerto, pero al presentar signos vitales débiles fue llevado de emergencia al hospital del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) en Motul, pero falleció poco después de ingresar.
Con este caso, la comunidad dzilamense vuelve a enfrentar la tragedia y reabre el debate sobre la pesca ilegal, la falta de infraestructura médica especializada y la necesidad de reforzar la vigilancia en altamar.