Zheger Hay Harb
La nota colombiana
La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Justicia Especial de Paz –JEP- acaba de celebrar en Medellín una audiencia sobre asesinados y desaparecidos en el marco de la Operación Orión realizada allí por el ejército.
La Operación Orión, ordenada por Álvaro Uribe como presidente de la República, se realizó en 2002 con la justificación de expulsar a las milicias del ELN pero la verdad es que los paramilitares participaron en ella con el objetivo de lograr el control absoluto de la comuna. Desde el mismo momento en que inició el operativo la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones de víctimas y de defensa de los Derechos Humanos denunciaron los atropellos del ejército y negaron que las personas que aparecieron muertas como consecuencia de ella pertenecieran a la guerrilla.
Esta es la operación urbana más grande que ha realizado el ejército: en ella participaron 1.500 hombres y su comandante, el general Mario Montoya está acusado de múltiples ejecuciones extrajudiciales. Ahora, como tantos otros de sus compañeros de armas se ha sometido a la JEP diciendo que va a revelar toda la verdad pero que no se declarará culpable porque no ha cometido ningún delito. Él y sus compañeros parecen desconocer que un requisito sine qua non de esta justicia es el reconocimiento y reparación de sus víctimas, pero si no es culpable de nada ¿cómo podría reconocerlas?
Por supuesto comparecen ante este tribunal de paz porque según sus estatutos quien estando en prisión haya cumplido cinco años de cárcel puede ser beneficiado con la libertad provisional. Pero hay una segunda consecuencia que no toman en cuenta: si dicen la verdad desde un comienzo, reconocen su culpa y se comprometen a reparar a sus víctimas recibirán cinco años como pena, o sea que teniendo en cuenta sus años de reclusión pueden obtener de inmediato la libertad plena; si aceptan su participación en los delitos ya avanzado el proceso, recibirán 10 años de prisión, pero si no lo dicen, serán penados con 20 años, irreversibles.
Esta es la primera audiencia pública que realiza la JEP como respuesta a solicitudes de las víctimas y con ella busca evaluar la información de víctimas y desmovilizados de los paramilitares para decidir si decreta medidas cautelares sobre el basurero llamado La escombrera como lugar a donde fueron tirados los cuerpos de las víctimas de esa operación y averiguar qué han hecho la alcaldía de Medellín, la fiscalía y el ministerio del Interior para develar la verdad, buscar el castigo de los culpables y reparar a las víctimas que durante todos estos años han asegurado de los despojos de sus familiares están en ese lugar.
La audiencia fue pública y solemne; se realizó en el palacio de Justicia de La Alpujarra en Medellín y estuvo cargada de simbolismo: las organizaciones sociales que han investigado y hecho seguimiento al caso dieron un toque dramático y conmovedor al ocupar la primera hilera de sillas con fotos de las víctimas fatales de la operación.
Por su parte uno de los magistrados que realizaban el evento dijo: “esta Audiencia es una forma de acompañar la perseverante batalla que contra el olvido ustedes familiares han guiado. Por ello durante la Audiencia repetiremos los nombres de quienes no están, veremos sus rostros, recordaremos sus anhelos y sus sueños. La Jurisdicción especial para la Paz es una realidad ética, jurídica y política”.
Salió a flote lo que desde hace tiempo se conoce pero ahora dicho ante una autoridad de justicia transicional: que en la operación el ejército actuó conjuntamente con paramilitares, como dijo en estrados judiciales alias don Berna, el paramilitar dueño de Medellín en aquel entonces. Se cuenta, como una de las evidencias, con la foto tomada por Jesús Abad Colorado, un fotógrafo que ha registrado distintas aristas del conflicto armado, en la cual se ve a un encapuchado señalando las casas donde supuestamente vivían los guerrilleros que después aparecieron muertos o no fueron vistos nunca más. La Procuraduría General también dio la voz de alerta sobre las irregularidades de la actuación del ejército, pero hasta el momento no ha pasado nada.
Una de las participantes en la audiencia reveló que desde 2010 existe un informe del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas –CISH- de la Universidad de Antioquia que indica que Orión dejó un saldo de 176 desaparecidos y contiene croquis y ubicación de sitios de inhumación de cadáveres y lugares de tortura de los paramilitares y concluye que hubo responsabilidad de agentes del Estado pero la alcaldía de Medellín lo ha mantenido en secreto y ha hecho caso omiso de él.
Por ello la JEP dio a la alcaldía un plazo de tres días para que entregue a ese tribunal el informe de que habló la declarante.
La Fiscal 114 especializada de apoyo al Despacho IV de justicia transicional dijo en la audiencia que hay un grupo de ex paramilitares del Bloque Nutibara (que participó en el operativo) que no se sometieron al proceso de justicia y paz bajo el cual se realizó la acomodaticia desmovilización de los paramilitares que están dispuestos a someterse a la JEP y dar información relevante que permita hacer las exhumaciones puesto que fueron actores materiales de las desapariciones forzadas.
Uno de los magistrados del Tribunal de Justica y Paz de Medellín (creado en el marco de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia) calificó a la Escombrera como “el mayor cementerio de desaparición forzada no solo de Colombia sino del mundo” y denunció la falta de voluntad del Estado y la Alcaldía de Medellín para proteger este lugar que durante tantos años ha sido señalado como depositario de cuerpos de desaparecidos a pesar de que desde hace seis años se hizo esa petición y, por el contrario, ha permitido que siga utilizándose como depósito de basura.
Las esperanzas de las víctimas están cifradas en la JEP que continúa su labor pese a que el gobierno entraba sus acciones mediante la asfixia económica: a los recortes de este año se suma otro del 30% para el próximo. Así demuestra lo que se ufana de afirmar en el exterior: que su gobierno da apoyo pleno a la implementación del proceso de paz.