Zheger Hay Harb
En el año 2005, bajo la presidencia de Alvaro Uribe, se produjo la desmovilización de los paramilitares, quienes bajo la denominación de Autodefensas Unidas de Colombia regaron nuestro suelo con la sangre de los campesinos, los desplazaron y expropiaron sus tierras. Hay indicios de que esas fuerzas, recompuestas bajo otras denominaciones, siguen existiendo.
Los diálogos para esa desmovilización se hicieron en el departamento caribeño de Córdoba. Allí, en la hacienda de uno de esos narcoparamilitares, firmaron un compromiso “para refundar la patria” los que usaban camuflado y quienes vestían corbata en los despachos oficiales. Por ese pacto criminal varios de los civiles fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se denominó La Parapolítica, que cobijó a varios de los congresistas aliados del gobierno.
Salvatore Mancuso, Don Berna e Iván Duque, los principales jefes paramilitares, fueron al Congreso de la República y recibidos como héroes por los aliados del gobierno. El primero de éstos dijo que el 35% del Congreso era “de ellos”. El entonces presidente Uribe les dijo, cuando iban siendo apresados uno por uno, que antes de que fueran encarcelados los invitaba a que votaran los proyectos que el gobierno sometía a consideración del Legislativo.
La ley de desmovilización de los paramilitares fue reformada por la Corte Constitucional en su revisión de constitucionalidad y no aceptó que el tiempo que habían estado concentrados en Ralito, de donde salían sin ningún control y donde, según la prensa de la época, los comandantes de las Autodefensas seguían narcotraficando y ordenando asesinatos, fuera descontado del tiempo de prisión a que fueran condenados según los parámetros de la Ley de Justicia y Paz que ordenaba los procedimientos y daba marco legal a la desmovilización.
Esos parámetros legales eran muchísimo más amplios que los que se establecieron en el Acuerdo de Paz para la desmovilización de las FARC que tanto escozor le produce el ex presidente Uribe.
En el 2008 los colombianos nos despertamos con la noticia de que de manera sorpresiva el gobierno había levantado la garantía de no extradición y había mandado a los jefes paramilitares a Estados Unidos para que fueran juzgados allí por narcotráfico. Sobre eso diría Mancuso que Uribe lo hizo como castigo cuando iban a empezar a hablar.
En el 2016 el diario New York Times publicó un extenso artículo en el que señala que esos jefes son tratados con benevolencia en Estados Unidos: “La mayoría, según hemos descubierto, fueron premiados generosamente por declararse culpables y cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Fueron tratados como personas sin antecedentes penales pese a sus extensas carreras criminales en Colombia, y se les descontó tiempo en prisión por el tiempo pasado en cárceles colombianas —aunque el argumento oficial para extraditarlos es que cometían delitos desde el interior de esos penales…Aunque las autoridades colombianas tienen acusaciones formales contra ellos, dos ya tienen autorización para quedarse en Estados Unidos junto con sus familias. Tres más han pedido el mismo beneficio y se supone que varios más lo harán”. También señala lo que tanto se ha recalcado: que han sido judicializados sólo por el delito de narcotráfico excluyendo los crímenes atroces de que se les acusa en Colombia y no les han exigido sus compromisos con la verdad y con sus víctimas, precisamente de lo que Uribe acusa al proceso de desmovilización de las FARC.
El año pasado el jefe paramilitar Iván Duque dijo que hubo 12,000 infiltrados en la desmovilización: se dejaron casi intactas las estructuras y presentaron como desmovilizados a personas que no tenían nada que ver. Según él, el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo de la justicia, afirmó que se habían desmovilizado 32,000 siendo que ellos sólo contaban con 11,000. Y tampoco hay de dónde afirmar que esta última cifra sea cierta.
¿Qué pasó entonces con quienes no se desmovilizaron? Hay indicios serios: en la misma zona donde se produjo la negociación con los paramilitares, donde éstos cometieron sus peores masacres, se está presentando el mayor número de asesinatos de líderes sociales y reclamantes de tierras. El último caso fue especialmente sonado porque en un video quedó registrado el momento en que una líder es asesinada en presencia de su hijo de 7 años que da gritos desgarradores frente a la cámara. Sucedió en el municipio de Tierralta y la Procuraduría General de la Nación acaba de suspender a su alcalde por supuestas irregularidades que habrían conducido a este crimen. ¿El motivo? como siempre, la tierra. ¿Las mismas alianzas que creíamos acabadas?
Los medios de comunicación que han ido a esa zona caribeña han recogido informaciones sobre presencia de hombres encapuchados y armados que recorren los campos y pueblos advirtiendo a sus pobladores que no vienen a asesinar sino a poner orden, pero los asesinatos siguen y los líderes reciben amenazas.
En zonas rurales del departamento de Bolívar dicen los campesinos que han oído tiroteos prolongados pero el gobernador del departamento y la Armada dicen que no es cierto.
¿Seguiremos usando los títulos inocuos de “bacrim” (bandas criminales), “grupos armados ilegales” o las autoridades deciden cumplir su misión de proteger a los colombianos y combatir a esos reductos del paramilitarismo llamándolos por su nombre como tantos se han atrevido a denunciar?