Alfredo García
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El presidente Donald Trump, desafiado por el gobernador de New York, Andrew Cuomo, en sus pretensiones “monárquicas” en Estados Unidos, insiste en su poder “global”: “Instruyo a mi gobierno a detener la financiación mientras se realiza una investigación, sobre el papel de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la expansión del coronavirus”, declaró Trump el pasado martes.
En opinión de Trump, “la OMS no cumplió en sus obligaciones básicas y no fue capaz de obtener y compartir información sobre la epidemia a tiempo y con transparencia”. Washington es el principal donante de la OMS, aportando 1/5 de los 4,400 millones de dólares de su presupuesto. La financiación de la entidad sanitaria multilateral está sujeta a una revisión de su actuación para ejecutarse entre los próximos 60 y 90 días.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reaccionó de inmediato: “No es el momento para cortar fondos y una vez hayamos pasado la página de esta epidemia, debe haber un momento para mirar hacia atrás y comprender cómo surgió esta enfermedad y cómo propagó su devastación tan rápidamente en todo el mundo, y cómo todos los involucrados reaccionaron a la crisis. Pero ahora no es ese momento. Del mismo modo que no es ese momento, tampoco es el momento de reducir los recursos para las operaciones de la Organización o cualquier otra organización humanitaria en la lucha contra el virus”, advirtió Guterres en un comunicado.
Un día antes Trump había provocado un escándalo político, cuando con su ego fuera de control, dio rienda sueltas a su autoritarismo al arrogarse la autoridad “total” de las decisiones para regresar el país a la normalidad ante la crisis sanitaria: “Cuando alguien es presidente de Estados Unidos, la autoridad es total. Y así es como debe ser. Total”, aseguró Trump ignorando el poder que la Constitución reserva a los Estados. “El presidente no tiene autoridad total. Tenemos una Constitución. Nosotros no tenemos rey”, respondió esa misma noche en la CNN el gobernador de New York: “Si me ordena reabrir (la economía) de tal forma que se ponga en peligro la salud pública de la población en mi Estado, no lo haré”, advirtió desafiante Cuomo.
Según el presidente Trump, corresponde al Gobierno federal tomar la decisión de cuándo y cómo, se empiezan a modificar las medidas de aislamiento social para reabrir la economía del país, según su plan, a partir de mayo. La polémica constitucional surgió por la complejidad del sistema federal norteamericano. Mientras Trump ha ordenado directivas generales sobre la pandemia, cada gobernador ha tomado medidas convenientes para su Estado.
La autoproclamada “autoridad total”, fue anunciada por Trump después que los gobernadores de New York, Connecticut, Delaware, Massachusetts, New Jersey y Rhode Island, anunciaran la creación de un “grupo de trabajo”, para planificar una gradual vuelta a la normalidad del país, iniciativa seguida por los gobernadores de California, Oregon y el Estado de Washington. Trascendió que la autoritaria reacción de Trump se debió al desaire causado por el anuncio de los gobernadores un día antes de que el presidente informara sobre una iniciativa similar según su empresarial “visión”, en una hoja de ruta planificada hacia la normalización del país.
La nueva víctima multilateral del autoritario presidente, se agrega a su salida de la UNESCO, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y del Acuerdo Nuclear con Irán.