
Este jueves el gobierno de Donald Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema con la intención de poner un fin al permiso humanitario que Estados Unidos ha otorgado a cientos de miles de migrantes. Argumenta que la decisión de un tribunal inferior limita su autoridad migratoria.
De ser aceptada, la medida afectaría a más de 500 mil personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esto colocaría a estas personas en una posición vulnerable, pues podrían ser deportadas en caso de que la protección que se les otorga sea finalizada antes de lo anticipado.
En contra de la propuesta, la jueza Indira Talwani, con sede en Boston, prohibió la terminación del estatus legal de los migrantes, pues la explicación de la administración fue considerada de basarse en una interpretación errónea de la ley.