Lilia ArellanoEstado de los ESTADOS
* Concluyeron los regímenes de corrupción y muerte* AMLO inicia con agitadas jornadas presidenciales* Arrancan bases para cumplir con los compromisosDejar tu huella en el mundo no es cosa fácil.Barack Obama
Este sábado atestiguamos el final del régimen neoliberal en México. Terminó un oscuro periodo histórico donde prevaleció un mediocre crecimiento de alrededor de 2 % del PIB y un persistente empobrecimiento de la población. Predomina la esperanza de que también concluya la larga y sangrienta guerra contra los cárteles del narcotráfico, la cual tapizó de cadáveres el territorio nacional. Terminó un largo periodo de corrupción e impunidad con el adiós a Enrique Peña Nieto y su cercano círculo de funcionarios, quienes se enriquecieron con el erario nacional. Arrancó un nuevo sexenio, de esperanzas razonadas y con la intención de corregir el rumbo no sólo en materia económica y justicia, sino de desarrollo social y bienestar para la familia. Será un largo y difícil trayecto, pero la ruta ha sido trazada y ha de seguirse con determinación.
El camino hacia esa meta ya inició. Tras el triunfo en la elección federal pasada, Andrés Manuel López Obrador presentó e inició la ejecución de su plan de austeridad y contra la corrupción de 50 puntos. Destacan la modificación del artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción; la suspensión por completo de fueros y privilegios para funcionarios públicos –aún pendiente en el Congreso–; las reformas a la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la Hacienda Pública. No habrá libertad bajo fianza; absoluta autonomía para la Fiscalía General y apegada al principio: “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”; frenar la impunidad con una eficaz Fiscalía Anticorrupción; el presidente de la República ganará menos de la mitad de las percepciones de Enrique Peña Nieto; no se comprarán vehículos nuevos para funcionarios.
No más bonos y otras canonjías; ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República; no más gastos médicos privados; reducción al mínimo de viajes al extranjero; cancelación de fideicomisos para ocultar fondos públicos; guardaespaldas sólo a los encargados de la seguridad; supresión de estructuras y programas duplicados; reducción de salarios de los altos funcionarios públicos a la mitad; nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados, se venderá la flotilla de aviones y helicópteros, sólo quedarán los destinados a la seguridad, protección civil y traslado de enfermos; cancelación de las pensiones de los expresidentes de la República; se reducirá en 50 % el gasto de publicidad del gobierno; los funcionarios no podrán convivir en fiestas o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores, inversionistas vinculados a la función pública; no se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo.
El Estado Mayor Presidencial se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional; la Residencia Oficial de Los Pinos pasa a formar parte del Bosque de Chapultepec y se convierte en un espacio para el arte y la cultura; se cancelarán labores de espionaje. El Sistema de Inteligencia de Gobierno estará sólo dedicado a la prevención de delitos y a combatir la delincuencia; se evitarán gastos de oficina innecesarios; las compras de gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU; los contratos de obra se llevarán a cabo mediante licitación pública; no habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados y senadores, se acabará la vergonzosa práctica de los sobornos o de los llamados “moches”; ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de cinco mil pesos; no se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos; se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la corrupción y que causen daños a la Hacienda Pública.
La ruta está trazada, pero será un largo camino desde un régimen de privilegios para unos cuantos potentados cercanos al poder político hacia un gobierno y administración pública que favorezca sectores populares y corrija a fondo las múltiples fallas de la gestión que dice adiós. Es, sin duda, titánico el trabajo de restauración a realizar a partir de este 1 de diciembre y se habrá de enfrentar la decidida oposición de los poderes tradicionales, en México y el extranjero, y los poderes fácticos. Pero hay decisión para hacerlo y muestra de ello es el Plan de Nación planteado en su toma de posesión por Andrés Manuel López Obrador con expectativas muy altas y congruente con su plataforma electoral, lo cual genera certidumbre entre los inversionistas, quienes se tranquilizaron con el compromiso de ofrecer todas las garantías a los inversionistas.
Paso firme, sin duda, es la afirmación de “no habrá impunidad” en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hecha por el tabasqueño tras firmar el decreto por el que se crea la Comisión de la Verdad para esta indagatoria, la cual calificó como “un asunto de Estado”. También pidió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos confianza porque no le debe nada a nadie, por lo cual podrá actual libremente para el caso. Aseguró que no habrá ningún obstáculo para conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala en septiembre de 2014.
Un arranque esperado es la investigación y sentencia de personajes ligados al poder presidencial involucrados en temas de corrupción para quienes deberá de aplicarse la ley a secas, como son los casos de los hasta ahora impunes Emilio Lozoya, exdirector de Pemex e involucrado en los escándalos de Odebrecht, por presuntamente recibir sobornos por 10.5 millones de dólares para otorgar obras a la multinacional brasileña; Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y Sedatu, artífice de la “estafa maestra”, con la cual se realizó el desvío de mil 901 millones de pesos a través de empresas fantasma; Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, investigado por peculado por 250 millones de pesos; César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien acumula 20 órdenes de aprehensión, la mayoría por peculado; o Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, involucrado en el caso del socavón y megacontratos, con los cuales favoreció a Grupo Higa y OHL y una interminable lista ya prevista e incluso mencionada como imposible de cubrir porque “no alcanzarían las cárceles para encerrarlos a todos”, lo cual deja en esa sola frase concentrado el grado de corrupción practicada.
Desde ahora, ya el Congreso, con la mayoría de MORENA, empujó la aprobación de cuatro de las ocho reformas definidas el pasado 5 de noviembre como sus prioridades legislativas. Se aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para prohibir sueldos más altos que el del presidente de la República y cancelar pensiones a los exmandatarios. Asimismo, se aprobó el rediseño de la administración pública con la creación de las secretarías de Seguridad y del Bienestar, así como la estructura de superdelegados; las reformas para la creación de las comisiones presidenciales, el cambio en el orden de los colores en la Banda Presidencial y el nuevo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Sin embargo, quedaron pendientes la eliminación del fuero de los altos servidores, aprobada parcialmente, así como las reformas en materia de consulta popular y revocación de mandato, la Ley de Austeridad y la supresión de la versión impresa del Diario Oficial de la Federación.
El camino apenas inició y será largo y sinuoso.
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