CIUDAD DE MEXICO, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Gerardo Esquivel Hernández, asesor económico del equipo de transición, aseguró que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se implementará una reforma al sistema de pensiones a mediados del sexenio, así como una reforma administrativa al interior de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y reajustes al Ramo 23, sin que esto implique rebasar el techo de endeudamiento ni aumento de impuestos.
En “La Cumbre México 2018: perspectivas crediticias durante el Gobierno de López Obrador”, organizado por la calificadora Moody’s, Esquivel dijo que el equipo está consciente que eventualmente las pensiones serán “una presión”. Actualmente, documentó, hay 2.5 millones de adultos mayores sin ello.
“El primer paso”, planteó, será la universalización de pensiones que implica, entre otras medidas, unificar el Programa 65 y más con el de la Ciudad de México.
El problema se abordará integralmente “más o menos a mediados de sexenio” tomando experiencias internacionales como la chilena.
Sobre PEMEX, aseguró que “puede y debe mejorar”.
Para ello, expuso que habrá una reforma administrativa a su interior para impulsar su infraestructura, y apoyar para que “pueda competir y asociarse mejor”. Es decir, seguirán las alianzas público-privadas con empresas para explorar y explotar áreas petroleras, mecanismo establecido con la Reforma Energética.
Respecto al Ramo 23, señalado por la opacidad del uso de sus recursos públicos del Presupuesto de Egresos, aclaró que no se eliminará en su totalidad porque incluye los fondos para desastres naturales. Sin embargo, dijo, se propondrá al Congreso cancelar algunos de sus fondos sin que eso afecte los recursos a las entidades.
El instrumento, conocido como Provisiones salariales y económicas o Ramo 23, tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos.
El polémico Ramo 23 ha sido fuertemente criticado por organizaciones civiles y empresarios por su opacidad, y la forma en que el Gobierno federal lo utiliza. Recientemente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció que el Gobierno de Enrique Peña Nieto convirtió a ese instrumento en un gasto ineficiente del presupuesto con motivaciones de índole política electoral.