VERACRUZ, Veracruz, 30 de enero (HUFFPOST MEXICO).- Veracruz ha recibido en los últimos años más de 9 mil millones de pesos, equivalentes a 450 millones de dólares, en fondos sociales para comunidades petroleras, que no han servido para paliar la pobreza.
Tras la promulgación de la Reforma Energética en 2014 por el ex presidente Enrique Peña Nieto, se prometió que el país contaría con más recurso, habría más empleos y que los estados que producen petróleo, aceite y gas fortalecerían sus ingresos.
Lo que siguió después para cumplir la promesa de hacer justa la repartición de recursos fue la creación en 2015 del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos.
A esa acción se sumaron una serie de modificaciones en las reglas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para la distribución de donativos y donaciones y para la ejecución de programas en las comunidades petroleras. Fue un intento de controlar los desembolsos con mayor rigor y de asegurar su efecto social.
Los resultados distan de lo planteado en los decretos firmados. Veracruz ha recibido e 450 millones de dólares, en fondos petroleros. Un total de 60 por ciento provinieron del FEFMPH y de donativos de PEMEX, que sumaron 5,956 millones de pesos, alrededor de 297 millones de dólares.
Las cifras millonarias, sin embargo, no han servido para cumplir la misión principal: mitigar la afectación por la extracción de hidrocarburo, atender el rezago social y generar desarrollo en las comunidades petroleras que siguen siendo las de más alta marginación en Veracruz.
Los millones
Entre 2015 y 2016, cuando Javier Duarte, ex gobernador del estado hoy en preso por corrupción, controló los recursos, más de 1,000 millones de pesos quedaron sin que se comprobara su destino. En esta investigación además se encontraron obras abandonadas, con sobrecostos y fallas de construcción graves que suman más de 42 millones de pesos, durante su gobierno.
Con el nuevo gobierno panista de Miguel Ángel Yunes, las irregularidades continuaron con el uso discrecional de recursos con fines políticos- electorales en municipios donde ni siquiera hay extracción petrolera, lo que violentó la normatividad federal precisamente destinada para favorecer a comunidades petroleras.
El dinero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP) del estado, a cargo del hoy senador, Julen Rementería, quien concentró el 90 por ciento de los recursos en obras de pavimentación que fueron entregadas a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a grupos empresariales privilegiados.
Las fallas en el uso del millonario de este recurso fueron detectadas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando advirtió que la falta de vigilancia y control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultaba en un incumplimiento de las reglas de operación, pues el dinero se usaba a conveniencia del mandatario en turno.
El FEFMPH es alimentado por el impuesto que deben pagar las empresas públicas y privadas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en la extensión de las áreas contractuales y de asignación en áreas marítimas y terrestres.
Pero en Veracruz el recurso se utilizó sin controles para impactar en comunidades afectadas por la extracción.
Las obras de pavimentación que han concentrado el uso de los fondos se han entregado a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Un grupo selecto de empresarios pertenecientes a la cúpula de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción han sido beneficiados con contratos directos por casi 800 millones de pesos, equivalentes a 40 millones de dólares.
Las principales fallas en la aplicación del fondo en 2016 persistieron en los siguientes años. De acuerdo con el análisis de las obras reportadas en la plataforma transparencia presupuestaría, 40 por ciento de los 3. 400 millones de pesos invertidos han sido distribuidos a seis municipios que están lejos de tener una vocación petrolera. Es un monto de aproximadamente 170 millones de dólares, que generaría alivio en otros lugares donde la industria ha provocado estragos.
Las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la aplicación de estos fondos.
Mientras en comunidades como Reforma Escolín en la sierra de Papantla –en la cuenca petrolera de Tampico-Misantla-, comunidades exigen agua potable, otros municipios bastión panista como Veracruz y Boca del Río, tienen obras que suman casi 500 millones de pesos, aun cuando su vocación petrolera es menor.