CIUDAD DE MEXICO, 14 de abril (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha congelado cuentas por más de tres mil millones de pesos por lavado de dinero en delitos de corrupción, tráfico de drogas y robo de hidrocarburos, y ha presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), para avanzar en sentencias condenatorias, ya que solo se tienen 22 hasta el momento frente a los 50 mil millones de dólares que se lavan de manera anual, de acuerdo con su titular Santiago Nieto Castillo.
Sin embargo, jueces han ordenado el descongelamiento de 31 cuentas en el caso de la empresa gasolinera Hidrosina, en el marco del combate al robo de hidrocarburos, y dos del líder sindical de bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa Flores, investigado por venta de plazas, basados en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entorno al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que los legisladores de MORENA han propuesto modificar para desobstaculizar la labor anti-lavado.
La facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas a sospechosos de cometer lavado de dinero en el ámbito nacional fue declarada inconstitucional por la SCJN desde octubre de 2017, pues estaría invadiendo las atribuciones del Ministerio Público a menos que la orden provenga de algún organismo internacional al que pertenezca México como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en razón de que no hay una garantía de audiencia en el ámbito local.
Pese a ello, la Jueza federal Alma Delia Aguilar Chávez Nava negó la solicitud de desbloqueo de tres cuentas al ex jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de PEMEX, Eduardo León Trauwitz, quien fue señalado por presunto robo de combustible, porque “significaría permitir que se verifiquen conductas posiblemente constitutivas de hechos ilícitos”. También el Juez federal Óscar Herrera Perea no dio la suspensión definitiva a la Universidad Autónoma de Hidalgo contra el bloqueo de sus cuentas por sospecha de lavado de al menos 150 millones de dólares provenientes de Suiza.
“Vamos a seguir con el congelamiento de cuentas, vamos a seguir mandando mensajes de autoridad, pero es importante que lo hagamos siempre dentro del ámbito del Estado de Derecho y las disposiciones de carácter general establecen una garantía de audiencia”, aseguró el titular de la UIF, Santiago Nieto, al recibir la medalla Ignacio L. Vallarta por parte del Consejo Nacional de la Abogacía el jueves pasado.
Por ello planteó la necesidad de que la garantía de audiencia de las personas señaladas esté plasmada a nivel legal, como lo propuso Morena en el Senado, para que no quede en disposiciones de carácter general y se llegue a los amparos que exijan el descongelamiento.
“Si se acredita que las operaciones son con recursos de procedencia ilícita –a menos que se hubiera dado un aseguramiento a nivel ministerial o hubiera una denuncia que siguiera su curso a la FGR o fiscalías locales– no habría razón para no revocar ese tipo de decisiones”, afirmó Nieto.
Dos días después, anunció junto con la Procuradora de la Ciudad de México Ernestina Godoy Ramos el congelamiento de cuentas de siete personas físicas y siete personas morales, y de Ignacio N, presunto líder de la red de trata de personas “Zona divas” tras detectar seis empresas de publicidad, construcción y servicios de consultoría en administración de la Ciudad de México y Quintana Roo, donde presuntamente desarrollaban las operaciones de lavado de dinero.
“Respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia hay que decir que en un Estado constitucional de Derecho las sentencias se acatan, no se discuten. Pero lo que ha señalado la SCJN es que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito puede ser considerado inconstitucional cuando el procedimiento no tiene un sustento de carácter supranacional derivado de las obligaciones del Estado mexicano”, reiteró Nieto.
“Esto ha llevado a que la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República haya presentado una iniciativa para establecer una garantía de audiencia a nivel legal para efecto de brincar o eliminar cualquier duda respecto a la constitucionalidad. Creo que es importante que esa iniciativa de reforma constitucional que ha probado el Senado y se encuentra en la Cámara de Diputados siga el cause legislativo”, agregó.
El 5 de marzo, el pleno del Senado modificó la Ley de Instituciones de Crédito para fortalecer el mecanismo de bloqueo de cuentas a personas señaladas por presunto lavado de dinero, al dar derecho de audiencia ante la Secretaría de Hacienda a quienes sean incluidos en la “lista de personas bloqueadas” para que ofrezcan pruebas a su favor. El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados.
De aprobarse por los diputados, la Unidad de Inteligencia Financiera deberá fundamentar la inclusión del interesado en la lista de personas con recursos bloqueados, y si procede o no su eliminación del listado.
“Muy importante para el combate al lavado de dinero y delitos relacionados, incluidos los de corrupción, la iniciativa aprobada por el Senado de la República para reformar la Ley de Instituciones de Crédito en materia de lista de personas bloqueadas (congelamiento de cuentas)”, celebró Nieto Castillo en Twitter.