CIUDAD DE MEXICO, 29 de julio (SinEmbargo).- Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la república (PGR); Bernardo Muñoz Cano, ex jefe de la Policía Federal Ministerial; Abraham Eslava Arvízu, ex jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, son algunos de los servidores públicos denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También fueron acusados por los mismos hechos Carlos Gómez Arrieta, ex titular de la Policía Federal Ministerial en Guerrero; Omar García Harfuch, ex jefe de la Policía Federal en esa entidad y quien actualmente se desempeña como jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx); Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO. Esto fue confirmado a SinEmbargo esta tarde.
La CNDH dio a conocer el pasado 24 de julio que interpuso seis demandas penales ante la FGR en contra 235 funcionarios públicos por violaciones graves a derechos humanos en la investigación por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayozinapa.
Además, el organismo interpuso 12 demandas administrativas en contra 140 personas del servicio público, de los ámbitos federal y estatal, esto como parte de la Recomendación 15VG/2018.
De los 235 servidores demandados, 116 eran servidores públicos, 82 de orden federal y 34 del estatal y participaron en la investigación ministerial. De acuerdo con la CNDH, éstos “realizaron actos u omisiones durante la investigación, posiblemente constitutivos de delito que corresponderá determinar a la Representación del Interés Social de la Federación”.
Entre las personas señaladas, se encuentra Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial en aquel momento y quien luego de ser acusado de haber participado en la presunta tortura de uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, renunció el 22 de junio pasado al cargo de Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.
A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública michoacana informó de la decisión del funcionario se dio con el fin de colaborar en las investigaciones derivadas de este caso de presunta tortura.
“Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo de Subsecretario de esta dependencia, a fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven”, informó la dependencia.