Gilgardo López Astudillo fue liberado en el amanecer de septiembre, a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR), dirigida entonces por Jesús Murillo Karam, informó que él fue el que ordenó asesinar a los estudiantes de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– Gilgardo López Astudillo , conocido como “El Cabo Gil”, ordenó ejecutar a los estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, refirió la Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto .
“El Cabo Gil” fue aprehendido el 17 de septiembre de 2015, casi un año después de que policías municipales y supuestos integrantes del crimen organizado participaran en la desaparición de los 43 normalistas.
El sujeto, sin embargo, permaneció tras las rejas menos de 4 años. En el amanecer de septiembre de 2019, un juez lo absolvió de los cargos. La PGR obtuvo las pruebas con tortura, argumentó la autoridad.
De acuerdo con la versión de la PGR y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en aquel 2014 dirigidas por Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, respectivamente, José Luis Abarca Velázquez, ex Alcalde de Iguala, ordenó a David Hernández Cruz, operador de la central de radio de la policía municipal de Iguala, de detener a los estudiantes.
Por su parte, López Astudillo, supuesto lugarteniente del grupo criminal “Guerreros Unidos”, contactó a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de la agrupación delictiva, y le informó que sicarios de “Los Rojos”, el grupo antagónico, causaban estragos en Iguala. Se “avaló defender su territorio”.
PGR tuvo acceso a la conversación entre Sidronio y Gilgardo. Incluso mostró antes medios de comunicación un fragmento del enlace.
Después de que Gilgardo diera la orden, los sicarios actuaron y condujeron los restos de los estudiantes hasta el Río San Juan, en Cocula, según la PGR. De los restos sólo pudieron identificarse huesos de Alexander Mora Venancio y Joshivani Guerrero de la Cruz, dos de los estudiantes desaparecidos.
En aquel 2014, la PGR ignoró testimonio de estudiantes y de padres de familia que afirmaban la presencia de soldados y policías federales en Iguala. Construyó el relató a partir de las palabras de supuestos miembros del crimen organizado.
La verdad histórica se obtuvo tras 487 dictámenes, incluidos en 85 tomos y 13 anexos del expediente, según la AIC y la PGR.
“El Gobierno federal no dejó de buscar a los estudiantes ni un día”, relató Karam. Además aseguró que comprendía el rechazo de los padres hacia la “verdad histórica”.
“Es obvio y natural que reaccionen con incredulidad, yo haría lo mismo”, dijo. Y concluyó: “Sin lugar a dudas, los normalistas fueron privados de la vida. Es la verdad histórica”.
Su “verdad histórica” se desvaneció ya.