En un hecho sin precedentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentó este miércoles dos proyectos de sentencia elaborados por su ponencia, los cuales fueron aprobados por unanimidad por el pleno del máximo tribunal.
Esta es la primera ocasión en que un ministro presidente en funciones presenta proyectos de fondo para su discusión.
Tradicionalmente, los titulares del máximo tribunal se habían limitado a funciones administrativas y de representación, incluyendo la presidencia del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), responsable de la disciplina judicial.
Los casos: homicidio calificado y juicio mercantil
Los dos asuntos fueron resueltos sin debate y en menos de diez minutos. El primero consistió en dejar firme una condena de 20 años y 4 meses de prisión contra una persona sentenciada por homicidio calificado y lesiones.
El fallo había sido confirmado por la Segunda Sala del Tribunal Supremo de San Luis Potosí y posteriormente impugnado vía amparo directo, recurso que fue desestimado por no plantear argumentos constitucionales relevantes.
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“El quejoso repitió los conceptos ya expuestos en instancias anteriores, sin controvertir el fondo de la negativa de amparo”, explicó Aguilar Ortiz.
El segundo caso abordó un juicio ordinario mercantil donde se cuestionó la constitucionalidad del artículo 1091 del Código de Comercio, en el contexto de una demanda por nulidad de actas corporativas y donaciones.
En este caso, la Corte declaró constitucional la norma impugnada, negó el amparo solicitado y devolvió el expediente a un Tribunal Colegiado para que resuelva los temas de legalidad.
Un paso hacia un nuevo modelo de presidencia judicial
La participación activa de Aguilar Ortiz como ponente en funciones representa un cambio en la figura presidencial de la SCJN. Con ello, se perfila un modelo en el que el titular del Poder Judicial Federal no solo coordina y administra, sino que también incide directamente en los criterios jurídicos de mayor relevancia para el país.
Este movimiento ha sido interpretado por analistas como un gesto de fortalecimiento institucional, al involucrar la presidencia en decisiones de fondo que marcan precedentes jurídicos.
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