En una sesión calificada como de “urgente resolución”, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Amparo, incorporando los cambios previamente avalados por la Cámara de Diputados. La votación se resolvió con 81 votos a favor y 37 en contra, sin abstenciones, y la minuta fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El dictamen incluye modificaciones en materia de “interés legítimo”, “suspensión” y “etapas procesales”, además de un artículo transitorio que establece la aplicación de las nuevas reglas a las actuaciones futuras en juicios de amparo abiertos, lo que ha generado debate sobre su posible retroactividad.
Entre los objetivos declarados de la reforma se encuentra la modernización de los procedimientos judiciales, con énfasis en agilizar los juicios y garantizar mayor certeza jurídica. Legisladores de la mayoría parlamentaria señalaron que el fortalecimiento del interés legítimo permitirá a colectivos, comunidades indígenas y organizaciones interponer amparos de forma más efectiva, evitando el uso indebido de esta figura por parte de grandes corporaciones. También se argumentó que los cambios buscan proteger recursos públicos destinados a educación, salud e infraestructura, evitando bloqueos derivados de litigios irregulares.
Durante el debate, se expresaron posturas encontradas. Senadores de Morena, PVEM y PT defendieron la reforma como una medida que no vulnera derechos adquiridos, sino que aporta claridad jurídica y responde a criterios jurisprudenciales. En contraste, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que el dictamen podría violar principios constitucionales, al introducir retroactividad en perjuicio de personas que ya iniciaron procesos legales. También señalaron que la reforma prioriza la recaudación fiscal sobre la protección de derechos fundamentales.
Concluido el proceso legislativo, la minuta queda lista para su promulgación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque los cambios fueron presentados como ajustes técnicos —dos artículos y tres transitorios—, su impacto ha generado reacciones diversas entre especialistas, legisladores y organizaciones civiles. La discusión sobre el alcance real de la reforma y su aplicación en casos concretos continuará en los tribunales, donde se pondrá a prueba su efectividad y respeto al marco constitucional vigente.