Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó las recientes manifestaciones de transportistas y agricultores que bloquearon carreteras en distintos estados, y aclaró que su gobierno no reprimirá la protesta social, aunque cerrar vías federales constituye un delito.
Sheinbaum explicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no se refirió a una persecución política contra los manifestantes, sino que respondió a una pregunta puntual sobre la legalidad de cerrar carreteras.
“Rosa Icela nunca planteó ese tema. Dijo que sí, cerrar carreteras es delito, pero otra cosa es manifestarse. No perseguimos a nadie por protestar”, puntualizó.
La mandataria insistió en que existen mesas de diálogo permanentes con transportistas, agricultores y organizaciones sociales sobre temas de seguridad en carreteras, agricultura y agua, por lo que no había justificación para bloquear vías.
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Ley de Aguas: recuperar el control nacional del recurso
Sheinbaum también explicó que una de las causas de las movilizaciones es la nueva Ley General de Aguas Nacionales, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados.
“La ley busca garantizar el derecho humano al agua y evitar que siga siendo tratada como una mercancía”, subrayó. Recordó que cerca del 80% del agua en México se utiliza en el sector agrícola, por lo que el gobierno federal impulsa una modernización de los sistemas de riego para mejorar la eficiencia y destinar el agua excedente al consumo humano.
“Si te ayudamos a tecnificar el riego y usas menos agua, la parte que no utilices debe regresar a la nación. No se trata de quitarles el agua a los agricultores, sino de compartirla con quienes no la tienen”, explicó.
La presidenta denunció que algunos distritos de riego venden agua a municipios sin pagar derechos, situación que calificó como “injusta” y contraria a los principios de equidad que busca la nueva legislación.
“No caeremos en provocaciones”
Sheinbaum advirtió que no habrá represión ni confrontación contra los grupos inconformes, pero dejó claro que su administración no permitirá abusos ni la defensa de privilegios.
“Hay diálogo abierto con todos los sectores. Si las puertas del gobierno están abiertas, no hay razón para cerrar carreteras. No caeremos en provocaciones ni en actos de represión, pero tampoco permitiremos que el agua se use para lucrar”, enfatizó.
Finalmente, reiteró que el objetivo central de la Ley de Aguas es que el recurso sea administrado por el Estado en beneficio del pueblo: “El agua no debe ser un negocio privado. Es un bien nacional y un derecho de todas y todos los mexicanos”.
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