Casi una de cada diez escuelas de educación básica permaneció cerrada la semana pasada por el paro indefinido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó en la conferencia matutina del 26 de mayo que 19 mil 974 planteles —9.8 por ciento de los 202 mil 184 registrados— suspendieron actividades.
El funcionario detalló que el impacto es desigual. Oaxaca encabezó la lista con el 95 por ciento de sus escuelas sin clases (12 mil 484 de 13 mil 137), seguida de Zacatecas (49 por ciento), Chiapas (18.2 por ciento) y Guerrero (13.3 por ciento). En contraste, entidades como Coahuila, Colima, Hidalgo y Jalisco operaron con normalidad.
Las cifras de matrícula también son significativas: según el propio Delgado, entre 1.2 y 1.5 millones de estudiantes quedaron sin lecciones presenciales —sobre un universo de poco más de 20 millones— mientras duró el plantón magisterial en el Zócalo capitalino.
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Ante el escenario, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la SEP difundieron un comunicado conjunto en el que llamaron a la CNTE a “retomar clases a la brevedad” y continuar las mesas de diálogo para no comprometer el cierre del ciclo escolar 2024-2025.
El Gobierno federal reiteró su respeto a la protesta pacífica, pero subrayó que los mayores afectados son niñas y niños que ya arrastran rezagos académicos por la pandemia.
La CNTE exige, entre otros puntos, la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007 y un aumento salarial del 100 por ciento. El Ejecutivo, por su parte, ofreció un incremento de 9 por ciento retroactivo a enero y otro 1 por ciento a partir de septiembre, además de una semana extra de vacaciones.
El sindicato disidente considera la propuesta insuficiente y mantiene su plantón en la Plaza de la Constitución mientras define nuevas acciones.
Fuentes de la SEP indican que, si el paro se extiende, las autoridades podrían reprogramar evaluaciones finales y activar clases de recuperación en julio para evitar que los estudiantes pierdan el año escolar.
Entretanto, padres de familia y organismos civiles piden un acuerdo rápido que garantice el derecho a la educación y salvaguarde la seguridad de las comunidades escolares.
IO
